Josu Izaguirre, fiscal jefe de Araba, ha repasado, en la cuarta sesión del juicio por el 'caso de Miguel', las investigaciones realizadas en la fase de instrucción de este procedimiento, en el que hay 26 acusados, entre ellos el ex número dos del PNV de Araba y antiguo diputado foral, Alfredo de Miguel, que se enfrenta a una posible pena de 54 años de cárcel.

El fiscal ha rechazado los argumentos planteados por las defensas de los acusados para reclamar la nulidad total del procedimiento por las supuestas irregularidades y la vulneración de los derechos fundamentales de los imputados en la fase de instrucción.

Izaguirre ha defendido el «magnífico trabajo» del juez instructor, así como la «impecable labor realizada por la Ertzaintza», y ha asegurado que todo el proceso se ha desarrollado de forma absolutamente «garantista» con los derechos de los investigados.

Esta investigación judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en 2009 por la empresaria Ainhoa Alberdi por el «acoso y amenazas» que estaba sufriendo para el pago de unas comisiones irregulares por un contrato relacionado con el Parque Tecnológico de Araba que se había adjudicado a la empresa de la que era administradora, según ha recordado el propio fiscal.

El representante del Ministerio Público ha subrayado que aquella denuncia estaba acompañada de varios correos electrónicos y grabaciones de sonido que acreditaban las presiones dirigidas contra Alberdi, unas evidencias a las que ha otorgado «veracidad».

De hecho, ha subrayado que las pruebas aportadas por la empresaria «ponen de manifiesto que estamos ante una trama real», que tenía «el poder, la inconsciencia o la desvergüenza de reclamar las comisiones, no en un callejón oscuro o a través de intermediarios, sino enviando correos desde una dirección oficial de la Diputación Foral de Alava, reclamando sin ningún tipo de vergüenza ni desdoro cantidades concretas a pagar».

«No se trata de personas aisladas o de calentones, sino de personas que se encuentran amparadas por todo el ‘establishment’, desde el presidente del Parque Tecnológico de Alava, hasta personas que desde el punto de vista legal tenían la obligación de denunciar (los hechos) y que lejos de hacerlo, intentaron encubrir y amparar», ha sostenido el fiscal.

También ha rechazado los argumentos de las defensas para tratar de invalidar la acusación de asociación ilícita, uno de los numerosos delitos que se atribuye a los imputados. El fiscal ha destacado que los miembros del presunto entramado tenían un «acuerdo» para «el cobro ilícito de comisiones», y ha afirmado que las alegaciones contra la imputación de esta figura penal carecen de «trascendencia».

«Aportación vasca a la corrupción»

A lo largo de su intervención, el fiscal ha ironizado sobre algunas cuestiones referidas a los hechos investigados. En un momento dado, y en referencia a Kataia Consulting, una de las empresas empleadas por la presunta trama para el cobro de comisiones, ha manifestado que «solo en nuestra querida tierra la sede de un entramado corrupto podría estar en una sociedad gastronómica. Esa es la aportación vasca a la historia de la corrupción», ha manifestado.

Los 26 acusados declararán en la parte final del juicio

El presidente del tribunal que juzga este caso, Jaime Tapia, ha aceptado la petición de las defensas para que los 26 acusados testifiquen en la parte final del juicio, después de la toma de declaración a los testigos y peritos, así como del análisis de las pruebas documentales. Hasta entonces, y salvo que así lo deseen, los acusados no tendrán la obligación de asistir a las sesiones en las que se tomará declaración a testigos y peritos.

La petición de los abogados, que argumentaban que de esa forma existen «más garantías» para la protección del derecho a la defensa de sus representados, ha contado con el visto bueno de la Fiscalía, que la ha considerado «razonable».

El magistrado también ha anunciado que no se pronunciará sobre la petición de la nulidad del procedimiento solicitada por las defensas hasta que haya concluido el juicio, de forma que su decisión sobre estas alegaciones se plasmará en la sentencia. La vista oral se reanudará el 19 de febrero.