No obstante, plantea diferenciar dos cuestiones, por un lado, el debate en sí mismo (el derecho a decidir) con el instrumento para vehiculizarlo (Estatuto, Ley de Claridad u otros).

En relación al debate sobre el derecho a decidir, asegura que tiene dos dimensiones, una territorial y otra en el resto de ámbitos políticos, muy particularmente en lo social.

Elkarrekin Podemos considera que incluir en el Estatuto el blindaje de los derechos sociales, definir principios rectores de las políticas públicas o instrumentos para la participación ciudadana en una nueva arquitectura institucional «es ya en sí misma una forma de ejercer el derecho a decidir, en este caso, en su dimensión social».

En relación con la dimensión territorial, cree que señalar el «carácter nacional de Euskadi» o proponer mecanismos e instrumentos de vinculación con otros territorios con los que se comparten vínculos sociales, económicos y culturales, como son Nafarroa e Ipar Euskal Herria, «también formaría parte del ejercicio del derecho a decidir en su dimensión territorial». En este punto, señala que hay una «coincidencia clara» entre Elkarrekin Podemos, PNV, PSE y EH Bildu de abordar estas cuestiones.

Asimismo, precisa que asumir la «pertinencia y oportunidad de este debate» no implica asumir que «únicamente el nuevo Estatuto es la vía para ejercer el derecho a decidir en lo territorial». Según apunta, hay otras alternativas para vehiculizarla como es un pacto o ley de claridad como se hizo en Canadá y Quebec. Además, afirma que es una propuesta que ha sido «enarbolada» por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y recientemente por EH Bildu.

Por ello, sigue defendiendo trabajar en dos mesas paralelas cada instrumento, por un lado, el nuevo Estatuto, y, por otro, un pacto de claridad.

Elkarrekin Podemos defiende que el nuevo Estatuto debe ser un documento de «carácter fuertemente político». A su juicio, no se deben definir simplemente una serie de competencias, «sino dotarlas de un carácter exclusivo» y arbitrar mecanismos que «blinden su ejercicio».

Hacer efectivo ese blindaje competencial «en una clave bilateral» es ampliar y proteger el ámbito de soberanía y, por lo tanto, es identificable también como un ejercicio del derecho a decidir».

Estatuto «fuertemente político»

A su juicio, es preciso que cuente con un preámbulo en el que se debería solemnizar «el proyecto de comunidad política». Asimismo, cree que sería «interesante» explicitar que el hecho de articular un nuevo Estatuto «es ya en sí mismo un ejercicio de decisión libre y democrática de la ciudadanía».

Además, plantea que el alcance político del preámbulo debe extenderse a un título preliminar que debería ser jurídicamente vinculante en relación a cuestiones como el «carácter nacional y la existencia de unos derechos históricos»; «la pluralidad intrínseca de la sociedad vasca»; «los derechos humanos como base de convivencia democrática»; «la igualdad y justicia social»; «el valor del euskera como lengua propia»; «las relaciones con otros territorios como Navarra e Iparralde desde el respeto a la voluntad de su ciudadanía»; el «reconocimiento de las personas que por razones de diversa índole han emigrado de Euskadi así como aquellas que han venido a vivir aquí»; y los «símbolos compartidos (bandera, himno y día festivo)».

En su opinión, el reconocimiento de los derechos históricos en la actual Constitución podrían facilitar el acceso «a una definición de Euskadi propia que no implicaría una soberanía diferenciada» y ello podría ser «el punto sobre el que llegar a un acuerdo amplio» entre Elkarrekin Podemos, PSE, PNV y EH Bildu.