La propuesta, elaborada por la coalición sobre memoria histórica, ha sido presentada en rueda de prensa por el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, y el portavoz de Batzarre, Íñigo Rudi.

Esta norma incluiría sanciones administrativas ante incumplimientos de la Ley navarra de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros ejecutados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar que, sin perjuicio de otro tipo de penas, recaerían sobre las personas físicas y jurídicas autoras de las citadas omisiones.

En este sentido, se considerarían penas graves los incumplimientos de la resolución de la Ley  por la que se requiere la retirada de simbología franquista. «La persona privada o pública, física o jurídica, como un Ayuntamiento, que se negase a retirarla estaría incurriendo en una infracción grave», ha advertido Nuin.

También el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento, así como la producción de daños en un lugar de memoria histórica de Nafarroa, se calificarían como faltas graves.

De la misma forma, no comunicar a la Administración el descubrimiento de restos que pudieran corresponder a personas desaparecidas en la Guerra del 36 o en la dictadura franquista sería considerado de gravedad.

Las sanciones pecuniarias ante infracciones graves se situarán entre los 2.001 y los 10.000 euros, mientras que las faltas leves conllevarían una multa de entre 200 y 2.000 euros.

En cuanto a las sanciones no dinerarias, consistirán en la retirada del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas por un periodo máximo de dos años en el caso de penas leves, y de tres años para faltas graves.

Con independencia de las sanciones que pudieran proceder, el incumplimiento de un requerimiento de retirada de simbología franquista facultaría al departamento competente a proceder a su ejecución subsidiaria o a imponer hasta 12 multas sucesivas por periodos de un mes y en cuantía de 600 a 6.000 euros.

Tal y como contempla la proposición de ley, las infracciones en esta materia se harán públicas, además de en el Boletín Oficial de Nafarroa, en al menos uno de los periódicos de mayor tirada en el herrialde.

Según ha afirmado Nuin, con esta norma se pretende «rellenar un vacío que existía en la ley de 2013». «La ley foral de 2013 fue un hito en la recuperación de la memoria democrática, pero aun así, hay todavía escenarios de incumplimiento que no deben ser tolerados», ha afirmado.

Por su parte, Rudi ha advertido que «a 81 años del inicio del golpe de estado franquista», todavía en muchas calles y edificios «pueden verse símbolos y menciones que la dictadura dispuso para imponerse» y que constituyen una «anomalía democrática».

Según ha manifestado, esto sucede porque la eliminación de la simbología franquista «queda en manos de la buena voluntad de las personas que en cada momento gobiernan los ayuntamientos», al igual que en las instituciones privadas.

«Esta proposición de ley no tiene otra pretensión que la de ayudar al cumplimiento de la ley, evitando la discrecionalidad y estableciendo algunas medidas en caso de no cumplimiento», ha apuntado Rudi.

Por último, ha recordado que en el censo realizado por el Gobierno de Nafarroa y en el que participaron el 52 % de los Ayuntamientos, se contabilizaron 300 símbolos o menciones franquistas. «Una buena respuesta, pero no suficiente», ha añadido.