Jonan Fernández ha comparecido ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz para informar sobre las medidas que tiene previsto poner en marcha el Gobierno de Lakua ante la situación que describe el informe sobre la tortura y malos tratos en la CAV entre 1960-2014, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología por encargo del Ejecutivo de Urkullu, en el que se recogen 4.113 casos de torturas.

En su intervención, Fernández ha recordado las reiteradas resoluciones de organismos internacionales en relación con los casos de tortura en el Estado español, entre ellas a las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar esos casos. La última sentencia condenó al Estado español a indemnizar con 30.000 euros a Igor Portu y con 20.000 euros a Mattin Sarasola por el trato «inhumano y degradante» que sufrieron cuando fueron detenidos en enero de 2008.

Fernández ha opinado que «los poderes del Estado deberían considerarse concernidos» por estas resoluciones y ha reclamado al Gobierno español que «tome medidas». Además, ha afirmado que en el ámbito del Estado se debería encargar una investigación independiente «sobre la realidad de la tortura en España».

El secretario de Paz y Convivencia también ha pedido una reflexión «crítica» que conduzca a «reconocer el daño injusto causado» a las víctimas de torturas.

Su comparecencia ha estado precedida por la del forense Paco Etxeberria, director del Instituto Vasco de Criminología y coautor del informe, quien ha defendido el rigor y la objetividad de este trabajo, y ha subrayado que los testimonios que se recogen son tan «verdad» como los que se contienen en los estudios sobre víctimas de ETA.

PSE y PP moderan sus críticas

Durante su intervención en la comisión, los representantes del PSE y del PP trabajo han modulado sus críticas al informe, sobre el que los primeros afirmaron en diciembre que no compartían «ni el fondo ni la forma», y cuya retirada fue reclamada por los segundos.

Hoy, el portavoz parlamentario del PSE, Jose Antonio Pastor, ha asegurado que su grupo «no cuestiona» el trabajo, del que ha afirmado que es un documento «muy documentado y elaborado», basado en «protocolos internacionales». Por todo ello, ha opinado que se trata de un «valioso documento», aunque teme los «posibles intentos» de que algunos sectores lo utilicen para justificar a ETA.

Desde el PP, Joana Bengoechea ha afirmado que «nadie duda» de «la veracidad, honradez y excelencia» del estudio de Paco Etxebarria, al que ha trasladado el «orgullo» que siente la sociedad vasca por su trayectoria profesional. Ha asegurado que en ningún momento ha afirmado que este sea un informe «sesgado», y que tampoco cuestiona que los testimonios que recoge sean «verdad». Ha matizado que lo que critica su partido es la «altura moral» de algunas de las personas cuyos testimonios se recopilan en el trabajo y el «uso» que se puede hacer de este trabajo desde determinados sectores.