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El fiscal pide al juez que invalide los pasaportes de Puigdemont y el resto de exiliados catalanes

El fiscal Javier Zaragoza ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que invalide los pasaportes del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, de los cuatro exconsellers que se encuentran en Bruselas con él y de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

Anna Gabriel y Carles Puigdemont, hoy en la sede de la ONU en Ginebra. (@JuntsXCat)
Anna Gabriel y Carles Puigdemont, hoy en la sede de la ONU en Ginebra. (@JuntsXCat)

El fiscal, ante la imposibilidad de proceder a la retención material de los pasaportes, considera «absolutamente imprescindible» que el juez limite la validez de los pasaportes de Carles Puigdemont, Antoni Comin, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsati y Anna Gabriel «para impedir que utilicen sus desplazamientos entre países para seguir llevando a cabo actividades encaminadas a la justificación internacional de los delitos de rebelión y sedición» en los que han participado.

En un escrito presentado hoy, el fiscal del Supremo argumenta que, pese a su situación de busca y captura y de no haberse puesto a disposición del juez, algunos de los investigados viajan «sin restricción alguna» al no haberse adoptado ninguna medida cautelar que limite sus movimientos.

Recuerda en ese sentido, que Puigdemont ya ha viajado a Dinamarca y a Suiza y prepara otro viaje a Helsinki, que Clara Ponsati ha viajado a Escocia y a Austria y que Meritxell Serret lo ha hecho a Suiza.

El fiscal expone que la legislación permite retener o retirar pasaportes «en casos en los que, como el actual, hay orden de prisión» para los cinco antiguos integrantes del Govern y de detención contra la exparlamentaria de la CUP. La ley también permite «limitar la validez del pasaporte a determinados países o territorios».

En el caso de los seis exiliados catalanes, considera «imprescindible limitar la validez» de los pasaportes «para que no puedan seguir viajando» para, a su juicio, «proyectar y justificar en el exterior el proceso soberanista y la declaración unilateral de independencia».

Por ello, reclama al juez que ordene a las autoridades administrativas competentes que anulen la vigencia y validez de esos documentos «temporalmente» mientras se mantenga la situación actual.