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El Gobierno navarro apoyará con diez millones la contratación de desempleados en entidades locales

El Gobierno de Nafarroa destinará este año diez millones de euros al apoyo de la contratación de personas desempleadas por parte de entidades locales. Se estima que este presupuesto incidirá en torno a 1.800 puestos de trabajo.

El Ejecutivo navarro apoyará con diez millones la contratación de desempleados en entidades locales. (GOBIERNO DE NAFARROA)
El Ejecutivo navarro apoyará con diez millones la contratación de desempleados en entidades locales. (GOBIERNO DE NAFARROA)

Un total de seis millones se canalizarán a los 46 ayuntamientos y mancomunidades titulares de Servicios Sociales a los que se les han concedido actuaciones de empleo social protegido. Y los casi cuatro millones restantes provienen de las ayudas del Servicio Navarro de Empleo/Nafar Lansare (SNE/NL) para obras y servicios, que hoy se publican en el Boletín Oficial de Nafarroa. El plazo de solicitud comienza el jueves 22 y podrán acogerse las contrataciones realizadas desde el pasado 1 de diciembre.

Los detalles de ambas acciones han sido trasladados por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, al resto de miembros del Ejecutivo navarro en su habitual sesión de los miércoles.

El vicepresidente ha subrayado la importancia de estas dos convocatorias para la inserción laboral de colectivos con importantes necesidades de apoyo, motivo por el que se ha incrementado los presupuestos en los últimos años; y los avances que se están produciendo para eliminar la brecha de género en las contrataciones.

Así, en empleo social protegido, el 90% de los meses de trabajo concedidos a las entidades tendrán que ser para personas que perciban la Renta Garantizada (RG) en el momento de la contratación.

Además, se mantiene la obligación introducida en 2017 de que el 50% de las personas contratadas deberán ser mujeres desempleadas, dado que presentan mayores tasas de desempleo. Al cabo del año se contratará a un número de entre 800 y 1.000 personas.

Por su parte, 2 de los 3,9 millones de las ayudas del SNE-NL estarán reservados para la contratación de perceptoras de RG. Asimismo y para favorecer también la contratación de perceptoras RG, mujeres, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género, la convocatoria permitirá a las entidades locales superar la ratio de contratos asignados por población en caso de existir dotación presupuestaria.

También sube 100 euros mensuales la aportación por contratar a estas personas (1.100 para RG, VVG y discapacidad y 1.000 para mujeres). En cambio, se reducen los apoyos por contratos de menos de 6 meses a hombres.

El año pasado, las entidades contrataron a través de ayudas del SNE-NL a cerca de 900 personas desempleadas, una de cada cuatro perceptora de RG; y un 31% del total, mujeres.

Necesidad y recursos
Los seis millones de euros para empleo social protegido han sido concedidos a 46 entidades, una más que el año pasado. Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. El Departamento ya ha trasladado a las entidades la propuesta de concesión para que activen los programas.

Respecto a anteriores ediciones, en esta convocatoria se han modificado los criterios, para que los recursos se destinen allí donde existe más necesidad y para favorecer la calidad, la cofinanciación y el impacto de los proyectos.

El 50% (tres millones) de la partida presupuestaria valora el tamaño de los municipios, el porcentaje de personas desempleadas, la tasa de pobreza severa en la zona, y el número de unidades familiares perceptoras de RG en 2017.

El otro 50% (tres millones) tiene en cuenta los proyectos presentados por las entidades locales. De los 90 puntos, 50 valoran la capacidad de la entidad (grado de ejecución tanto económica como técnica del proyecto del año pasado); el compromiso con el programa a través del porcentaje de cofinanciación.

Por primera vez se ha valorado también el compromiso de contratación o inserción laboral tras el paso de las personas por el programa, entendida esta como la posibilidad de que las personas participantes consigan a lo largo del semestre posterior a su paso por el programa algún contrato de trabajo.

Otros 15 puntos como máximo velan por la calidad técnica del proyecto (objetivos, actividades, resultados esperados o herramientas de evaluación, propuesta formativa o propuesta de coordinación con el EISOL y otros agentes relacionados con la inserción socio-laboral).

También se ha dado más peso (25 puntos máximo) al compromiso con la contratación de situaciones establecidas como prioritarias por el Departamento de Derechos Sociales, por los perfiles de vulnerabilidad social que presentan: personas de RG con más de dos años de percepción, las personas derivadas y con seguimiento por parte de Salud Mental, y las mujeres desempleadas, como de especial actuación por su dispersión geográfica con el fin de corregir las desigualdades territoriales de Nafarroa.

Los proyectos subvencionados deberán tener una duración mínima de seis meses, y las personas contratadas podrán incorporarse en distintas fechas para adecuar su acceso al empleo a su propio itinerario de inserción socio-laboral. Así, a través de este programa se les ofrece un acompañamiento social y se les ayuda en el aprendizaje de habilidades socio-laborales y de destrezas profesionales, a la vez que realizan una actividad de interés colectivo. Se calcula que al cabo del año se contratará a un número de entre 800 y 1.000 personas.

Balance 2017
Durante el pasado año 2017, el presupuesto al programa de empleo social protegido (entidades locales y entidades de iniciativa social) fue de 6.528.874 euros, lo que posibilitó la contratación de 845 personas. Cabe destacar que en dos años el presupuesto destinado a este programa se ha incrementado en un 57,12%. También en dos años se han duplicado (49,73%) el número de personas contratadas, ya que se ha pasado de las 551 en 2015 a las 789 en 2017. El presupuesto para 2018 asciende a los 6,7 millones.

De esas 845 personas, a través del programa de empleo social protegido, 789 personas fueron por parte de las entidades locales, y 56 por entidades de iniciativa social. De ellas, 766 (90,65%) eran perceptoras de renta garantizada, un 52% eran mujeres (443) y un 47,81% eran hombres (404).

Respecto al perfil de personas contratadas a través de entidades locales, predominaron las personas contratadas con estudios primarios (78,1%), en situación de desempleo de largo duración fueron un 59,44%, y perceptoras de renta garantizada un 90%.