La Audiencia Provincial de Araba ha retomado el juicio por el caso De Miguel centrado en un tercer bloque: los contratos por unos 380.000 euros que entre 2006 y 2009 el entonces viceconsejero de Cultura y Juventud, Gurutz Larrañaga, y su director de Juventud, Francisco Javier Sánchez Robles (ambos procesados), adjudicaron supuestamente a la trama liderada por De Miguel y otros dos exdirigentes nacionalistas, Koldo Ochandiano y Aitor Telleria.

Según la Fiscalía, una veintena de contratos en materia de Juventud fueron adjudicados a dedo a tres empresas pantalla de la trama –Kataia, Errexal y Ortzi Muga– y en la mayoría de los casos no consta que se llevaran a cabo.

En la sesión de hoy ha testificado la que fuera directora de Patrimonio Cultural durante 2002 y 2009, María Aranzazu Arzamendi. Esta dirección era una de las cuatro que dependían de la viceconsejería dirigida por Larrañaga.

También ha dado su testimonio la entonces responsable del área de Asesoría Jurídica del Departamento de Cultura, Olatz Garamendi, actual viceconsejera de Administración y Servicios de Educación.

«En principio no»

Arzamendi ha explicado el procedimiento que se seguía en la viceconsejería en contratos menores –sin concurso público– y ha destacado que para elegir a las empresas se acudía a un registro del Gobierno autonómico para determinar aquella que podría llevar a cabo el trabajo y que se tenía en cuenta su experiencia en la materia.

El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, ha puesto de relieve en ese momento el caso de Ortzi Muga, que según ha dicho carecía de empleados, se había constituido poco antes de ser adjudicataria de estos contratos, no había hecho ningún trabajo y su objeto social nada tenía ver con Cultura. Preguntada por si elegiría una empresa así Arzamendi ha contestado que «en principio no».

«En nuestro caso sí era importante que la empresa tuviera un recorrido», ha remarcado Arzamendi, que también ha indicado que el expediente de cada contrato menor debe contar con una serie de documentos, entre ellos un informe del director y un anexo con la aceptación del departamento.

Solo en uno de ellos

El fiscal ha asegurado que ese anexo no aparece en ningún contrato y que el informe del director sólo está en uno de ellos y 20 días después de la aceptación del contrato, algo que no le ha parecido normal a la exdirectora.

Por otro lado y a preguntas del abogado del Gobierno autonómico, ha reconocido que es anómalo que de algunos contratos solo exista la factura y la orden de pago y no una constancia documental de la ejecución del trabajo.

Garamendi ha dicho por su parte que le «llama la atención» que los contratos con estas empresas no incluyan ese informe ya que la «pauta» era que el director remitiera al viceconsejero el presupuesto y la memoria para que éste autorizara el gasto.

Finalmente ha indicado que si se ha realizado el trabajo debería haber quedado en manos de la Administración, a pesar de que el Ministerio Público ha indicado que de la mayoría no hay constancia de que se hayan llevado a cabo.

A ambas tampoco les ha parecido normal los documentos vinculados con estos contratos sin número de registro que les ha exhibido el fiscal.