Las representantes de la Carta de Derechos Sociales, plataforma integrada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, EHNE e Hiru, así como por numerosos colectivos sociales, Bea Martxueta (LAB) y Janire Landaluze (ELA) han defendido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada por esta plataforma en el la Cámara el pasado mes de febrero.

Esta ILP plantea incrementar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos y flexibilizar los requisitos de acceso a esta prestación, así como para reforzar el derecho a la vivienda en la comunidad autónoma. En declaraciones a los medios de comunicación antes de su comparecencia en el Parlamento para defender su propuesta, Martxueta y Landaluce han destacado que la ILP registrada por la Carta de Derechos Sociales pretende «mejorar las leyes» que regulan la RGI y el derecho de acceso a la vivienda.

Además, han alertado de que las últimas medidas que se han adoptado en relación a las prestaciones sociales se centran en el «endurecimiento» de los requisitos de acceso, cuando la situación de «empobrecimiento» que sufren numerosos colectivos sociales requiere «todo lo contrario».

De esa forma, han explicado que los cambios que se plantean en la ILP permitirían una «mejora sustancial» de las condiciones de vida de sectores especialmente afectados por la crisis económica, como las mujeres, los jóvenes y los «trabajadores pobres», entre otros.

La propuesta registrada en febrero en el Parlamento plantea diversas modificaciones en las normativas que regulan la RGI, las Ayudas de Emergencia Social (AES) y el acceso a la vivienda en la CAV. En el caso de la RGI, se reclama que el cálculo de la cuantía de esta prestación, destinada a las personas con escasos o nulos ingresos, vuelva a realizarse en función del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Este año, por primera vez desde que existe esta prestación, Lakua ha desvinculado del SMI el cálculo de la cuantía de la RGI, una decisión que se adoptó después de que el Gobierno español aprobara incrementar el Salario Mínimo Interprofesional en un 8%. En su lugar, el Ejecutivo autonómico actualizó la cuantía de la RGI en función del IPC, que en 2017 creció un 1,5%.

Esta decisión ha sido criticada por diversos partidos y colectivos sociales, dado que, en la práctica, y en comparación con el sistema vigente hasta ahora, ha supuesto una importante reducción del dinero que cobrarían los perceptores de la RGI si se mantuviera el criterio empleado hasta este momento.

Para acabar con esta situación, la Carta de Derechos Sociales propone que la cuantía mensual de esta prestación vuelva a calcularse a partir de la referencia del SMI.

Además, se plantea que para las unidades convivenciales de una sola persona, la Renta de Garantía de Ingresos sea igual al 100% del SMI, cuando en el sistema vigente hasta este año, la cuantía de esta prestación no llegaba al 90% del Salario Mínimo Interprofesional. En el caso de las familias de dos personas, la propuesta es que la cuantía sea del 150% del SMI, mientras que para las unidades de convivencia de tres o más personas, la propuesta plantea que la RGI sea el 200% del SMI.

La ILP también incluye una flexibilización de los requisitos de acceso a esta prestación, entre ellos que la exigencia de antigüedad en el padrón se reduzca de los tres años actuales, a uno. Asimismo, se propone que el límite legal para acceder a esta ayuda, que en la actualidad está fijado como norma general en los 23 años, se reduzca a 18.

Otro de los cambios planteados es que en el supuesto de que en una misma vivienda o alojamiento residan vayas unidades de convivencia sin vínculos entre unas y otras, todas ellas puedan acceder a esta prestación