En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo ha garantizado que según la información de la que disponen, no se destino «ningún euro» de las arcas públicas a la celebración del referéndum del 1 de octubre en Catalunya. Asimimo, ha señalado que esta documentación se remitirá al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena «de manera inmediata» y que será él quien se encargue de «ver la verosimilitud de esa información contable y su calificación jurídica», junto con la información que tenga de la Guardia Civil.

Llarena pidió esta semana por escrito a Montoro que explique «a la mayor brevedad posible» por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum. Méndez de Vigo ha manifestado que «no hay ninguna discrepancia» a este respecto y ha reiterado la afirmación de Montoro de que no se destinaron fondos públicos al referéndum.

Además, ha enmarcado el uso de estas declaraciones por las defensas de los imputados por el procés, en que «utilizan todos los medios a su alcance para defender su posición, eso es legítimo».

Asimismo, ha querido recordar que «el Gobierno español recurrió por los 5 millones de euros que los presupuestos de la Generalitat destinaban al referéndum» del 1-O, que fue anulada por el Tribunal Constitucional, y a partir de ahí todas las cuentas del Ejecutivo catalán «han estado intervenidas».

Ahora tendrá que ser el juez Llarena quien, con la información que le enviará el Gobierno, «se haga una idea de lo que ha habido y lo calificará jurídicamente», tras haber considerado que hay malversación de fondos públicos.