«Con el fin de facilitar el diálogo (...) esta resolución revoca la resolución anterior, del 17 de abril, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación de protesta», ha explicado Ortega citando una resolución del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) durante un discurso retransmitido por los medios públicos nicaragüenses.

Así, Ortega ha anunciado la anulación de la resolución 1317 del INSS y ha invitado al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, y a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua a participar en las negociaciones.

«Queremos restablecer el orden, no podemos permitir que aquí se imponga el caos y saqueos», ha explicado Ortega, que ha hecho un llamamiento a la paz y ha destacado que «la mesa queda limpia para sentarse a tratar el tema con los empleadores y trabajadores».

El mandatario nicaragüense ha advertido de que no habrá condiciones previas para el diálogo. «Un diálogo no se puede condicionar (...) No se me ocurre precondicionar el diálogo. Si nosotros condicionamos el diálogo a que se acuerde lo que ya se había acordado no vamos a ningún lado», ha subrayado en referencia a las tres premisas planteadas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal organización patronal nicaragüense: fin de la represión, excarcelación de los detenidos y libertad de prensa.

Ortega ha argumentado además que «no está justificada» la violencia «de todas las partes, de donde sea que venga» y ha condenado «todos los actos vandálicos». Además, ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas mortales de la violencia.

Veintisiete personas habrían muerto en la ola de protestas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El balance oficial cifra en diez los muertos.

El origen de la protesta es una reforma del INSS aprobada el pasado 16 de abril por la cual la aportación salarial de los trabajadores a la seguridad social pasaba del actual 6,25 a un 7%; la de los empresarios mediante sus beneficios, de un 19 a un 22,5%; y los jubilados tenían que empezar a contribuir con una retención en sus pensiones del 5%.