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Aprobado el dictamen sobre la creación de la Oficina Anticorrupción de Nafarroa

La comisión de Régimen Foral del Parlamento de Nafarroa ha aprobado el dictamen en relación con la proposición de Ley de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, un órgano que pretende fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia de las políticas públicas.

La comisión de Régimen Foral del Legislativo ha aprobado el dictamen sobre la creación de la Oficina Anticorrupción. (PARLAMENTO DE NAFARROA)
La comisión de Régimen Foral del Legislativo ha aprobado el dictamen sobre la creación de la Oficina Anticorrupción. (PARLAMENTO DE NAFARROA)

La propuesta, suscrita por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y aprobada con las abstenciones de UPN y PPN, recoge el informe elaborado por la Ponencia constituida a tal efecto para «ahondar en los criterios técnicos y en los recursos funcionales y económicos necesarios para su implementación».

La norma, que ha incorporado 28 enmiendas parciales, establece la creación de un órgano específico encargado de «evitar el menoscabo moral de las instituciones, el empobrecimiento económico de la Hacienda Foral y la pérdida de calidad en los servicios públicos», como es la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

Pretende «garantizar la participación ciudadana en el control eficaz de las instituciones y asegurar la rendición de cuentas de los responsables políticos ante la sociedad y sus órganos de representación». Ahora tiene que pasar a pleno y previsiblemente entrará en vigor a los tres meses de su aprobación.

Por UPN, Sergio Sayas ha considerado que la ley «tiene cosas positivas», aunque adolece de «algunas lagunas». En este sentido, ha cuestionado la forma de elección del director de la oficina, que se elige «solamente con los votos de mayoría absoluta, que son justo los que tiene el cuatripartito en esta Cámara».

Sayas ha apuntado que hay «quien podrá entender que el cuatripartito, con sus votos, está haciendo de juez y de parte de una oficina que se supone que es para controlar al Gobierno», por lo que ha abogado por una mayoría más cualificada, como la de tres quintos, lo que obligaría a buscar «un consenso mayor y daría una mayor seguridad e imparcialidad a este órgano».

Ha opinado además que la tarea de investigación prevista «no es propia de la oficina», porque generaría una «duplicidad de costes». En el momento en que se produce un hecho «que puede ser determinado como prevaricación o falta de cumplimiento en materia de libre concurrencia, ya no es el gobierno quien debe investigar ese hecho», sino órganos como la fiscalía o el Tribunal de Cuentas, ha dicho.

El regionalista, que ha advertido que la realización de esta labor generaría una «estructura costosa», ha añadido que habría que poner a disposición de la oficina una «cantidad importante» de recursos cuando ya hay otras entidades que realizan estas tareas.

Además ha denunciado que la parte sancionadora es «abusiva» y «perjudica a los trabajadores públicos» con multas de entre 2.000 y 60.000 euros. Esta última, en su opinión, «absolutamente injustificada».

Arantxa Izurdiaga, EH Bildu, ha trasladado que la ley avanza «hacia un nuevo modelo de gobernanza pública basado en la integridad». A diferencia de UPN, ha considerado que «para que la función de prevención sea efectiva, tiene que venir acompañada de una función de investigación».

«Cuando se produce un hecho irregular, tendrá que ser investigado para aclarar qué es lo que ha ocurrido, de lo contrario, estaríamos dejando un nuevo vacío y generando espacios de impunidad», ha dicho, tras lo que ha subrayado que la independencia del director de la oficina «no depende de la mayoría que lo elija», sino que la ley cuenta con los «mecanismos suficientes» para garantizar la imparcialidad de esta figura.

También Inma Jurío, PSN, se ha mostrado a favor de la oficina y ha asegurado que «si previamente no se investiga, nunca se podrá llegar a una cultura de prevención» y ha apostado por realizar labores de investigación sobre «aquellas conductas que se pueda presumir que son fraudulentas».

Tampoco ha compartido el posicionamiento de UPN en lo referente al procedimiento sancionador, por considerar que las tasas contempladas en la ley «son adecuadas« y «para nada excesivas».

Ha coincidido con UPN al afirmar que sería necesario «una mayoría cualificada» para elegir al presidente, porque de lo contrario, este cargo se limitaría a ser «un nombramiento propio de los cuatro grupos que sustentan al Gobierno, no dejando participar al resto».

Por Geroa Bai, Patxi Leuza ha discrepado con los regionalistas y ha manifestado que «a la oficina sí le corresponde la investigación». Igualmente, ha apoyado las contempladas y ha defendido la mayoría absoluta como método de elección del director.

En el mismo sentido se ha mostrado el parlamentario de Podemos-Ahal Dugu Rubén Velasco, que ha dicho que entienden la labor de investigación como «un paso necesario para analizar la veracidad de los hechos que se denuncian».

Javier García, PP, ha «compartido el contenido mayoritario» de la ley y el «objetivo fundamental» de la misma, aunque se ha abstenido en la votación porque las propuestas de UPN, que a su juicio mejoraban el texto presentado, no han salido adelante.

El portavoz de IE, José Miguel Nuin, ha precisado que es «importante» la función de investigación porque la oficina «debe servir para corregir las malas prácticas y establecer sanciones», unas sanciones que ha calificado como «razonables».