Han indicado que su objetivo es «mejorar, ampliar y legitimar el sistema de protección» y que para ello «han presentado una batería de medidas desde la dirección marcada por la sociedad civil a través de sus comparecencias en la comisión parlamentaria».

Kortajarena ha abogado por «dejar de lado el endurecimiento de las condiciones y los recortes iniciados en 2008, como la reducción del 7% de las cuantías o desligarlas del Salario Mínimo (SMI)».

La iniciativa de EH Bildu recoge, entre otras, medidas como «bajar la edad mínima exigida para cobrar la prestación de 23 a 18 años, recuperar la antigüedad de un año de empadronamiento que existía antes de la última reforma del sistema, o eliminar la limitación de una prestación por domicilio» que se pretende implantar.

Casanova ha tildado de «restrictiva y excluyente» la propuesta que defienden PNV y PSE y ha criticado, entre otros aspectos, que se proponga que la cuantía de la RGI deje de calcularse en función del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que se establezca, salvo excepciones, que solo se podrá cobrar una prestación por domicilio.

También ha denunciado que se trate de imponer el sistema de identificación por huella digital para los perceptores, una medida «invasiva» y que podría «colisionar» con la normativa sobre protección de datos.

El parlamentario de EH Bildu ha lamentado que los partidos del Gobierno sitúen el foco en el control del fraude, cuando los datos oficiales señalan que estas irregularidades apenas llegan al 1% y evidencian que su incidencia es «mínima».

Elkarrekin Podemos también se ha mostrado muy crítico con esta reforma que califica de «recorte sin precedentes» y se ha posicionado en contra de su aprobación.