Imanol Karrera, responsable de LAB en Nafarroa, ha destacado que los datos son del sindicato porque el Gobierno navarro no ha hecho un estudio. De los 120.000 trabajadores navarros afectados por la estatilización, 25.000 de varios sectores como Alimentación o Químicas tenían ya un convenio de referencia estatal antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Otros 4.000 trabajadores han visto sustituidos sus convenios autonómicos por convenios estatales tras la reforma laboral, en sectores como Colectividades, Artes Gráficas o Droguerías, con condiciones más desfavorables para los trabajadores.

Otros 61.500 trabajadores han visto que sus convenios han sido invadidos por el convenio estatal, introduciendo pérdidas de derechos a largo plazo. Así, el convenio estatal que afecta a los 38.000 trabajadores del Metal se reserva la regulación de la formación en salud laboral. El convenio de Construcción (16.000 trabajadores) se reserva la regulación de las vacaciones, la jornada, la contratación y subcontratación y la inaplicación del convenio. En el sector de Limpiezas (7.500 trabajadores), el convenio estatal se reserva la regulación de la clasificación profesional, prevención de riesgos laborales, formación, igualdad de oportunidades, periodo de prueba y régimen disciplinario.

La estatalización también afecta a los 30.000 trabajadores del sector público navarro, ya que mediante la Ley de Estabilidad Presupuestaria se limita la consolidación y ampliación de la plantilla, la publificación de servicios y la mejora de condiciones laborales. Karrera ha recordado que la «frase más recurrente por parte del Gobierno de Navarra en las mesas de negociación es ‘Madrid no deja’».

Karrera ha destacado que la consecuencia de este proceso es un aumento de la precariedad y ha denunciado que la patronal CEN y los sindicatos CCOO y UGT han rechazado dar prioridad al ámbito navarro. Ha añadido que estos dos sindicatos han firmado convenios que han aumentado la precariedad.

Hora de movilizarse

Garbiñe Aranburu, secretaria general de LAB, ha enmarcado el proceso de estatalización de los convenios en el contexto de involución política y social que se vive en el Estado español en varios ámbitos. De este modo, se ha respondido a la crisis del modelo territorial con la recentralización y la aplicación del 155 en Catalunya. Asimismo, se produce una erosión de las libertades democráticas. A nivel laboral, se trataría de imponer un modelo económico y social neoliberal, donde se ubican la estatalización de las relaciones laborales.

«Esta realidad se extiende como una mancha de aceite. Nos cuesta coger la dimensión que supone la estatalización de las relaciones laborales porque se genera de una manera mucho más sibilina», ha destacado Aranburu, que denunció que este proceso es una injerencia al derecho a decidir en Nafarroa las relaciones laborales y que tiene como objetivo la precarización.

Aranburu ha destacado que el sindicalismo tiene que responder a esta situación yendo más allá de las luchas que se llevan a cabo en los centros de trabajo. En este sentido, ha recordado que cada vez se oyen con más fuerza voces a la huelga general, que en Galicia ya ha convocado para el 19 de junio el sindicato CIG.

Por ello, LAB ha convocado una jornada de movilización para el 30 de mayo, que, según Aranburu, quiere ser de carácter general y no solo dirigido a delegados y afiliados del sindicato. Se han convocado paros de dos horas en los centros de trabajo para facilitar la participación en las movilizaciones, que tendrán carácter comarcal en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.