En la última jornada del juicio que celebra la Audiencia Nacional española por los incidentes del 11 de marzo de 2017 en Iruñea durante una marcha contra la represión, el Ministerio Público ha mantenido la petición de siete años de prisión para tres jóvenes de Errenteria y un cuarto de Beasain, a quienes acusa de un delito de «desórdenes públicos terroristas».

El fiscal José Perals, el mismo que acusa por «terrorismo» a los jóvenes de Altsasu, ha enmarcado los incidentes ocurridos en la manifestación en «la dinámica desplegada por la izquierda abertzale radical», que es «contraria al cese de la violencia de ETA».

«Las organizaciones desaparecen pero las ideas y la forma de actuar permanecen», ha asegurado el fiscal, para quien la manifestación «no fue una simple algarada realizada por un grupo de jóvenes», sino una actividad planificada «con una finalidad terrorista para alterar la paz pública en el centro de la capital». «Si algo nos ha demostrado la historia es que el terrorismo existe sin la necesidad de muertos. Todo esto sigue siendo lo mismo», ha añadido.

El fiscal ha afirmado que la participación de los jóvenes en los incidentes ha quedado «suficientemente acreditada» por la versión prestada en la vista oral por los agentes que participaron en el dispositivo de seguridad.

Perals, además, ha modificado su escrito de conclusiones para añadir que «tanto la convocatoria de la manifestación como el desarrollo de los hechos y el comunicado posterior, se deben a la dinámica desplegada por la izquierda abertzale radical que es contraria a la inserción abertzale a las instituciones democráticas y se trata de una dinámica contraria al cese de la violencia del entramado de la organización terrorista ETA».

Las defensas piden la absolución

El letrado Iñigo Iruín, que ejerce la defensa de tres de los jóvenes, ha pedido la absolución de sus clientes mientras que el letrado del cuarto acusado también ha solicitado ante el tribunal que preside la magistrada María José Rodríguez Duplá su absolución, aunque de manera subsidiaria un año de prisión por delito de alteración de orden público.

Iruin ha desvinculado a sus tres clientes de cualquier hecho «terrorista» y ha considerado que es «inadmisible» la calificación que hace el Ministerio Fiscal solo por motivos de «ubicación geográfica». «En Gamonal (Burgos) todos recordamos, hubo incidentes más graves durante siete noches seguidas y a nadie se le ocurrió tipificarlo como terrorismo», ha dicho.

Ha rechazado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos incidentes ocurridos, ha dicho, seis años después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada y uno antes de su fin. Por ello, ha respondido al fiscal que para que se dé el supuesto que apunta se exige que exista una organización «terrorista» activa, lo que no ocurre en este caso.

«El sabrá a lo que se refiere cuando dice que todavía existe un entramado», ha insistido el abogado, que le ha afeado que no sabe muy bien si estamos en «2018, 2008 o 1998», en referencia a que los «satélites» de ETA están desaparecidos o disueltos a día de hoy.

Respecto a la convocatoria de la manifestación, el letrado ha dicho que el documento no está firmado por ningún colectivo y que los incidentes derivados de la misma constituyen una situación aislada.

«Para que se genere alarma y se altere gravemente la paz pública tiene que repetirse en el tiempo y es preciso generar una atmósfera social de temor y desasosiego», ha insistido Iruin para añadir que, de la testifical prestada por los tres agentes heridos en los disturbios, queda probado que las lesiones se produjeron después de la detención de sus clientes. De ahí que añada que no se pueden solicitar responsabilidades civiles por los daños ocasionados, valorados en 30.000 euros.