«Esta sentencia viola el derecho constitucional más importante: el derecho a la vida y a la integridad física. No satisface una necesidad inmediata», ha declarado Suhad Bishara, abogado del Centro Legal por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel (Adalah).

Las ONG demandantes solicitaban que el tribunal propusiese una orden para prohibir el uso de fuego real contra manifestantes que no representan una amenaza directa para los soldados. «Los disparos se llevan a cabo para disuadir y asustar. Los testimonios y los vídeos muestran que los disparos con fuego real hacia los manifestantes se hicieron para dañar la vida o la integridad física», ha señalado Bishara.

El Tribunal Supremo rechazó anoche tanto la petición presentada por Adalah y el Centro para los Derechos Humanos (Al Mezan), como la de la Asociación para Derechos Civiles en Israel, Yesh Din, Centro Legal para la Libertad de Movimiento (Gisha) y Centro para la Defensa del Individuo (HaMoked).

Según el tribunal, cuya decisión fue unánime, Hamas «mezcla deliberadamente terroristas con civiles, incluyendo mujeres y niños, para confundir a las tropas israelíes», apunta el diario The Times of Israel.

Sin embargo, la presidenta del tribunal, Esther Hayut, ha declarado que la sentencia no invalida la exigencia legal de una investigación y clarificación de los hechos violentos. Israel sostiene que las protestas, «animadas por Hamas, no pueden ser consideradas manifestaciones de civiles».

El Ejército arguye que las protestas están teniendo lugar en el contexto del conflicto armado y que las regulaciones son las mismas que en las de un conflicto bélico. Al menos 117 palestinos han muerto desde el comienzo de la Gran Marcha del Retorno, el pasado 30 de marzo, en las inmediaciones de la frontera que separa Gaza, en las propias protestas o en incidentes cerca de la valla, y hay más de 13.000 heridos, un tercio de ellos por munición real, según el Ministerio de Sanidad palestino.