En declaraciones en Radio Euskadi, el portavoz del PNV y presidente del GBB, Joseba Egibar, ha afirmado que el fallo que condena a los jóvenes de Altsasu es un «despropósito y una exageración que provoca indignación».

A su juicio, «todo el mundo era consciente, y quienes desde la Fiscalía y demás resortes de Estado querían calificar los hechos como delito de terrorismo también sabían que esto no sería así, pero se empeñaron en llevarlo a la Audiencia Nacional».

«Ha desaparecido el tipo delictivo de terrorismo, pero aplican las penas máximas porque ya no queda más. Vía recurso se intentará transformar lo que hoy es indignación en un escenario más justo que haga que los chavales puedan recobrar la libertad», ha afirmado.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha considerado que se está ante la «culminación de una operación de castigo y venganza auspiciada por la Guardia Civil en connivencia con un tribunal político».

Según ha advertido, la sentencia tendrá recurso y posiblemente «acabe en Europa y en una absolución», pero, mientras eso sucede, la pena de cárcel se aplica y «cuando llegue una posible absolución no podrá reparar los años en cárcel que se están cumpliendo».

«En el Estado español no existe una justicia independiente. Hay una justicia al servicio de los poderes políticos. Para los vascos no existe justicia», ha asegurado, para añadir que se trata de penas que «superan en cuantía» a casos de asesinato o al conocido caso de ‘La Manada’.

Desde Elkarrekin Podemos, el parlamentario Joserra Becerra ha considerado también que la sentencia es «injusta y desproporcionada». Asimismo, ha incidido que, cuando un fallo genera «indignación en la calle y no se entiende por la ciudadanía, solo cabe calificarla de injusta».

«Esperemos que se pueda resolver en ámbitos judiciales superiores y que mientras eso no se produce, una vez que se ha considerado que no es terrorismo, se pueda dar la libertad provisional a los condenados», ha señalado.

La parlamentaria del PSE Alexia Castelo ha manifestado que ella no consideraba que se estuviera ante un caso de «terrorismo». No obstante, y tras reconocer que las penas impuestas «parecen severas», ha advertido de que «también es cierto» que «los hechos revisten cierta gravedad».

«No creo que se trate de una simple pelea de bar. El hecho de que fueran guardias civiles no fue un hecho causal. Parece que esto lo resolverá el Tribunal Supremo cuando se presente el recurso», ha expresado.

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha defendido que la sentencia «acredita que los hechos no fueron un simple altercado, unos incidentes, una pelea sin más, sino que se vieron rodeados de una clara brutalidad».

«Los hechos estuvieron motivados por el odio, el menosprecio y animadversión hacia la Guardia Civil. Los agravantes que se han tenido en cuenta son el odio y la venganza», ha indicado, para añadir que el objetivo final era «echar a la Guardia Civil de Alsasua».