Los cinco escritos, uno por cada condenado, insisten en esos dos aspectos para negar su puesta en libertad.

Las alegaciones recogen que la condena nueve años de prisión por abuso sexual continuado para cada uno de los cinco encarcelados (a los que hay que sumar dos meses de multa a uno de ellos por el hurto del móvil de la víctima) suponen «penas de evidente importancia y que pueden verse sustancialmente incrementadas a la vista de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y las acusaciones».

El escrito de alegaciones señala que «el riesgo de fuga, ya valorado con anterioridad por la Audiencia Provincial de Navarra, se ha visto incrementado por la sentencia dictada (...), ya que actualmente ya no nos encontramos ante una expectativa o posibilidad más o menos previsible de condena, sino ante la evidencia que suponen los hechos declarados probados (...) y las consiguientes penas de 9 años de prisión, lo que con independencia de la no firmeza de la misma, presume un sombrío futuro para los condenados».

Se señala, además, que los condenados se encuentran incursos en otra causa por la posible comisión de los delitos de abuso sexual y contra la intimidad de las personas «lo que no hace si no ensombrecer todavía más su futuro, ante lo cual puede darse la más que probable tentación de sustraerse a la acción de la justicia».