104 personas están siendo investigadas en el marco de la operación Thunderstorm, coordinada por Interpol para combatir el tráfico ilegal de especies de flora y fauna. Entre los registros se encuentra una casa de Gipuzkoa «repleta de tallas de marfil», según informa el Ministerio español del Interior, que no ha detallado la localidad.

Durante la operación, se han intervenido en esta vivienda 115 tallas de marfil de colmillos de elefante africano, elefante asiático y morsa, que su propietario vendía presumiblemente a través de Internet.

La investigación se centra en el comercio ilegal a través de la red, en los puestos fronterizos y en las actividades económicas relacionadas con la venta de plantas y animales y, en especial, en los anticuarios.

Durante la intervención, se han formulado 97 denuncias por incumplimientos del Convenio CITES contra el tráfico ilícito de especies protegidas, y de otras normas relacionadas con esta materia.

Entre los más de 4.000 especímenes intervenidos se encuentran las aprehensiones realizadas de cuatro primates (monos tití, macacos de Berbería, talapoin), 66 aves exóticas (tucanes, kakarikis, loros, faisanes) y 67 reptiles (tortugas marinas y terrestres, cocodrilos, camaleones, serpientes).

Por ejemplo, un criador gallego poseía sin ningún tipo de autorización una serpiente pitón. También se han aprehendido especies marinas como tiburones y rayas y alevines de anguila e, incluso, 1.280 kilos de caviar de esturión.

Asimismo, un total de 3.852 cactus han sido intervenidos en Almería, casi todos incluidos en los anexos A y B del convenio CITES, lo que quiere decir que tienen un mayor grado de protección.

Según informes de Naciones Unidas e Interpol, los delitos medioambientales se sitúan como el cuarto negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas. Sus ganancias se estiman entre 91.000 y 258.000 millones de dólares anuales, a un ritmo de crecimiento del 5 al 7 por ciento cada año.

Los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de 6 meses a 5 años y a multas de hasta el 350% del valor comercial de la especie.