La nueva ley fija así sanciones de hasta 150.000 euros si son faltas muy graves, de hasta 10.000 si son graves y de hasta 2.000 si son leves cuando se trata de intentar eliminar, y de hasta 6.000 euros en el caso de la retirada de símbolos, además de pérdida del derecho a subvenciones u otras ayudas públicas.

La ley anterior, de 2013, fijó el proceder de las Administraciones Públicas e incluso concretó un procedimiento basado en la elaboración de un censo y la aprobación del mismo por parte de una Comisión que se creaba al efecto.

Este hecho administrativo ya se ha producido pero la iniciativa de enumerar los símbolos franquistas, en colaboración con las entidades locales, no implica la obligatoriedad para su retirada.

Por tanto, la eliminación de los vestigios franquistas, cuando afecta a entidades locales, queda a voluntad de los ayuntamientos,y así ocurre también cuando el símbolo o la mención está ubicada en la propiedad de una institución privada.

En otros territorios, para que el cumplimiento no sea discrecional se ha fijado un régimen sancionador y eso es lo que se ha buscado ahora con la reforma de la ley navarra, ya que 81 años después del golpe de estado franquista son muchos los símbolos y menciones de la dictadura que permanecen, lo que resulta «una anomalía democrática».

Por este motivo el nuevo texto reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron la persecución o la violencia durante la guerra del 36 y la dictadura y para «evitar toda exaltación de la sublevación militar» en el convencimiento de que los ciudadanos «tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio».

Así se pronuncia también la ley de 2013 de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros víctimas del golpe militar de 1936, que en su exposición de motivos menciona la simbología franquista e indica que «procede» que «las instituciones de Navarra pongan las condiciones para eliminar» esos símbolos.

Sin embargo pese a los años transcurridos se mantienen todavía «determinados símbolos que deben ser eliminados dado que constituyen una afrenta a las víctimas y a los valores de una sociedad democrática».

Por lo tanto, dice el texto, «hay una obligación legal y moral incontestable para abordar definitivamente y para siempre la retirada de los símbolos franquistas», y constituye «una actuación relevante, y sobre todo urgente e indiscutible».

Virginia Alemán, de Geroa Bai, ha destacado la necesidad de avanzar en la democratización del espacio publico y puesto en valor que el Gobierno navarro y 21 entes locales hayan retirado ya un centenar de símbolos franquistas y otros están en ello, «un deber legal y ético» para «construir una mejor convivencia» al evitar ofender a las víctima, pero otras es una tarea que «tienen pendiente» y en última instancia serán sancionadas.

Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha considerado que la ley de 2013 fue «un gran paso» que luego se ha ido complementando como se ha hecho hoy, algo que «no tendría que ser necesario si todos tuvieran claro el camino recorrer».

Laura Pérez, de Podemos, ha asegurado que «la connivencia o tolerancia» de la simbología franquista y la «ausencia de políticas de recuperación para las víctimas del genocidio responde a una actitud deliberada de no remover un pasado que a sus herederos les resulta incómodo recordar».

Desde el PSN, Inmaculada Jurío ha defendido que las sanciones «no se impondrán, se hablarán, y si no queda otro remedio se sancionará porque esta es una ley de convivencia pero también de memoria, de dignificación, de reconocimiento, de un pasado que no olvidamos».

Marisa de Simón, de I-E, ha aseverado que «el cumplimiento de la ley no debe ser discrecional, fruto de un voluntad arbitraria», y por lo tanto ha considerado que «las sanciones serán una garantía de cumplimiento o un revulsivo para el incumplimiento».

Tras apoyar la eliminación de la simbología franquista, el portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, se ha posicionado en contra de la ley cuando en el Gobierno de Nafarroa «se persigue o se tolera según el gusto personal», lo que es «una arbitrariedad», y el texto es «jurídicamente flojo y defectuoso».

Ana Beltrán, del PP, ha sostenido que la ley «está basada en el rencor y en una lucha intestina entre las izquierdas para ver quien va mucho más allá», lo que es «baja talla política y partidismo electoral», a lo que ha sumado el diferente criterio que mantienen cuando se trata de penalizar a los alcaldes que colocan la ikurriña.