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Fallece Jesús Cardenal, el fiscal general de la ilegalización de Batasuna

Jesús Cardenal, fiscal general del Estado con José María Aznar que en 2002 interpuso la demanda de ilegalización de Batasuna, ha fallecido a los 88 años.

Jesús Cardenal, en la inauguración de los juzgados de Donostia en enero de 2002. (Juan Carlos RUIZ/FOKU)
Jesús Cardenal, en la inauguración de los juzgados de Donostia en enero de 2002. (Juan Carlos RUIZ/FOKU)

El ex fiscal general del Estado español Jesús Cardenal ha muerto a los 88 años, según ha informado la Fiscalía General del Estado.

Cardenal dirigió el Ministerio Fiscal desde mayo de 1997 hasta abril de 2004, durante los gobiernos de José María Aznar. Antes de llegar al cargo, fue fiscal de la Audiencia Provincial de Bizkaia y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Durante su última etapa en la CAV tramitó, casi siempre a instancias del fiscal general del Estado, numerosas querellas contra miembros de Herri Batasuna y dirigentes de la coordinadora abertzale KAS por «amenazas» o «injurias» a periodistas, policías y jueces.

Desde la Fiscalía General del Estado fue quien interpuso ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de Batasuna, en octubre de 2002, afirmando que iba a liberar a los vascos «de los nazis».

También fue el fiscal que inició el proceso contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Gasteiz Juan María Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knör por su negativa a disolver Sozialista Abertzaleak ordenada por el Tribunal Supremo al amparo de la Ley de Partidos.

Cardenal fue nombrado fiscal general del Estado el 19 mayo 1997 y, en el informe preceptivo previo a su designación, el Consejo General del Poder Judicial lo calificaba de «jurista de prestigio», pero expresaba también su preocupación por las «manifestaciones» que hizo no acordes con la Constitución, como sus críticas al «clima de pluralismo» existente en el Estado y «la mediocridad ética de nuestra sociedad». Se había mostrado, además, contrario al divorcio, al aborto, el reconocimiento de las parejas homosexuales y «la protección oficial a la difusión de anticonceptivos».