La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche y la apoderada de Podemos Euskadi en las Juntas Generales de Bizkaia Eneritz de Madariaga han registrado una denuncia ante la Fiscalía de Bizkaia para que actúe ante el «grave hacinamiento» del centro de menores de Zornotza, que cuenta con 40 plazas y están residiendo más de 160 jóvenes.

En declaraciones a los medios, han indicado que han agotado todas las vías por las que solicitaban que se diese una solución a la «situación grave que se produce de hacinamiento» en el citado centro de primera acogida, donde residen menores extranjeros no acompañados.

Por ello, según han explicado, se han visto «obligadas» a tener que registrar un escrito ante la Fiscalía Provincial de Bizkaia, dirigido a la Fiscalía de Menores, para que «actúe ante las graves vulneraciones y, además sistemáticas, que se están produciendo de la Ley de protección a la infancia y adolescencia».

En la denuncia piden a la Fiscalía que desarrolle todas las actuaciones tendentes a la protección del interés superior de «los menores afectados por las condiciones de hacinamiento». Además, plantean que promueva todas las «demás medidas necesarias para el cese de las condiciones de hacinamiento», e indague «sobre las posibles responsabilidades penales derivadas de la deficiente gestión».

Según han señalado, este centro tiene una capacidad limitada, de 40 plazas, y actualmente hay más de 160 menores. Las representantes de Podemos han afirmado que se están habilitando espacios en comedor y se han anulado las aulas de formación para que los niños «puedan dormir. Hay una treintenta de menores que están durmiendo, incluso, en el suelo», han denunciado.

A su juicio, ello tiene que ver con la «falta de planificación» por parte de la Diputación de Bizkaia, que «no está siendo capaz de gestionar esta situación», que «no es puntual, ni responde a una situación de emergencia».

Según han manifestado, responde a una situación «casi estructural» y han recordado que el Ararteko ya en 2005 denunció estos hechos y en su informe de 2018 señalaba que este centro superaba su ocupación «muy por encima de las plazas disponibles» y que ese nivel de «sobreocupación es habitual y sistemático».

Han señalado que las vulneraciones de derechos que se están produciendo suponen «poner en riesgo la seguridad» de los menores que residen en el centro pero también la de los trabajadores del mismo. «No su cumplen, por mucho, los ratios que la ley contempla», han agregado.

Además, han denunciado que es «imposible» desarrollar cualquier proceso socioeducativo con estos menores, lo que «imposibilita crear itinerarios vitales que, a futuro, les brindan oportunidades».

Con esta denuncia, Podemos reclama a la institución pública que «dé una respuesta» que tienen que ser «a corto plazo» para finalizar con el «hacinamiento». Ello requiere, según han apuntado, establecer nuevos dispositivos que garanticen «una acogida digna y de calidad».