La decisión es fruto de una evaluación de los recursos disponibles en este ámbito que en una primera fase, ya realizada, ha analizado las ayudas económicas, los recursos de acogida y la asistencia jurídica.

«Hay que revisar el modelo para incidir de una forma más efectiva en la atención, reparación y recuperación del daño», ha dicho Ollo, y ha precisado que Nafarroa dispone de servicios y recursos pero hay que «mejorar», dotar al sistema de un enfoque de género y favorecer «la autonomía de las mujeres supervivientes, resituarlas en la sociedad con todos sus derechos».

La evaluación, en la que han participado víctimas, colectivos feministas, entidades y gestores, es «un ejercicio de responsabilidad y transparencia» ante «una violación de los derechos humanos que afecta a derechos fundamentales como la vida, la integridad física y psicológica o el derecho a la salud, vulnerando además el principio básico de igualdad entre mujeres y hombres», ha señalado.

Y ha añadido que el actual modelo dispone de fortalezas como una ley específica con un plan de acción que la desarrolla, una actuación interinstitucional, recursos garantizados, una atención accesible y una política integral con equipos multidisciplinares. Pero muchos recursos tienen ya veinte años y se deben reorientar para hacerlos «mas amables» y que sitúen a la mujer en una situación «más normalizada».

La reforma, ha explicado la responsable del INAI, Mertxe Leranoz, incluye algunas medidas ya en marcha y otras que llegarán a medio y largo plazo.
Así en materia de ayudas económicas, con 3.136 perceptoras de renta garantizada y 720 de RIS en el periodo 2012-2017, más 44 perceptoras de ayudas a la empleabilidad y una de emergencia social, Leranoz ha calificado de «necesario incrementar la cobertura para la autonomía de las supervivientes», incorporar a la gestión de las mismas el enfoque de género e impulsar política activas de empleo.

En el ámbito de los recursos de acogida, que el año pasado atendieron a 115 mujeres y 134 menores, ha recordado que hay de urgencia, media estancia y larga estancia, y ha explicado que se necesita un servicio para mujeres víctimas de trata, 52 atendidas en 2017, y un modelo más acorde con la ley foral de lucha contra la violencia machista.

Para ello habrá que intervenir en servicios, estructura, modelos de intervención, tipos de gestión y profesionales, además de mejorar la respuesta en todos los niveles y dotar de mas recursos a los hijos e hijas de la víctimas.

Por último, en el ámbito de la atención jurídica, con 682 asesoramientos y 663 asistencias el año pasado, Leranoz ha sostenido que la evaluación destaca un alto grado de consolidación de estos servicios.

Sin embargo también detecta la necesidad de «garantizar la calidad del sistema», revisar el modelo de formación, mejorar la difusión de estos recursos y avanzar hacia un modelo con enfoque no solo de Derechos Humanos sino también de género y que tenga en cuenta asimismo el derecho de reparación y de no repetición del daño.