El rechazo de los grupos de la oposición no ha impedido que saliera adelante esta propuesta, que además conminaba al Ejecutivo de Sánchez a «respetar la bilateralidad Navarra-Estado en las relaciones económicas», derogando, entre otros, el artículo 135 de la Constitución.

Según esta misma propuesta, el Parlamento «muestra su compromiso con el avance del autogobierno de Navarra», caracterizado por una bilateralidad real Navarra-Estado en una «relación de igual a igual» en la que sea la ciudadanía navarra «quien defina libremente el marco de relación entre ambas administraciones».

Por el contrario, con los votos negativos de UPN y PPN, el apoyo de EH Bildu y cuatro parlamentarios de Podemos-Orain Bai; y la abstención de PSN, Geroa Bai, IE y los tres parlamentarios restantes de Podemos-Orain Bai, ha decaído una propuesta orientada a seguir elaborando leyes tendentes a «paliar la pobreza y la exclusión social» y «medidas estructurales dirigidas a erradicar la figura del trabajador/a pobre».

En el texto, EH Bildu solicitaba la elaboración de un estudio «exhaustivo» en el plazo de seis meses sobre la realidad de las pensiones en Nafarroa, valorando el incremento de las «mínimas hasta 1.080 euros» y la posibilidad de una «gestión propia del sistema». En el mismo plazo, se pedía otro estudio sobre viviendas habitacionales, a fin de avanzar hacia la consecución del «derecho subjetivo a la vivienda».

Asimismo, se instaba al Gobierno a crear una nueva dirección en el departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, para que se encargue del «diseño y coordinación de las políticas de diversidad».

También se pedía garantizar de modo efectivo la sanidad pública, universal y de calidad, así como los derechos lingüísticos, otorgándole al euskara «estatus de lengua oficial en toda Navarra».