En su escrito de calificaciones provisionales, presentado este viernes ante el Tribunal Supremo español, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta.

Para el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, la Fiscalía pide 17 años de cárcel solo por rebelión y otros 17 de inhabilitación absoluta, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por considerarles también «promotores y/o jefes principales».

Un escalón por debajo están los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes solicita 16 años por rebelión, uno menos que los anteriores por no atribuirles ese papel de «jefes» de la rebelión, a lo que suma 16 años de inhabilitación absoluta.

A estos cinco exmiembros del Govern, junto a Junqueras, les acusa de un delito de rebelión que absorbe la «distracción ilegal de caudales públicos», es decir el delito de malversación.

7 años para Mundó, Borràs y Vila

Para los otros tres exconsellers –Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila– el Ministerio Público pide 7 años de prisión, 16 años de inhabilitación absoluta y multa de 30.000 euros por un delito de malversación de caudales públicos y otro delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública.

Por este último delito, la Fiscalía también pide al Supremo que les imponga un año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas «leyes de desconexión» –Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet– solicita 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de desobediencia grave, misma pena que plantea para la exdiputada de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya.

«Actos de fuerza, agresión y violencia»

En su escrito, firmado por los cuatro fiscales del caso, el Ministerio Público considera que el proceso sobernista que derivó en la declaración de independencia estuvo «salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia», una palabra que aparece escrita en 14 ocasiones en las 127 páginas del documento.

Los cuatro fiscales señalan que los principales promotores fueron Junqueras, Forcadell y los Jordis «en unión de otros procesados huidos», en alusión a los e.

El plan que todo ellos urdieron, dice la Fiscalía, tenía como principal objetivo «orillar la aplicación» tanto de la Constitución española como del Estatut para llegar a una independencia «que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden judicial».

Y otorga una «crucial» responsabilidad a los Jordis por llevar a cabo «una movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de una nueva República».

Cúpula de los Mossos

Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española acusa también un delito de rebelión al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y le pide una pena de 11 años de cárcel.

El Ministerio Público agrava así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado las protestas frente a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de setiembre de 2017.

En su escrito de acusación, la Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que pide 4 años de prisión. 

Los fiscales creen que estos encausados constituyeron en los meses de sepiembre y octubre de 2017 «una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia».

Ello lo hicieron, dicen, «con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista ideado conjuntamente por los máximos responsables del Govern y del Parlament de la Generalitat así como por los líderes de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independentistas».