La jueza Garbiñe Biurrun ha moderado esta mesa de juristas que ha analizado las claves del caso Altsasu. La penalista Olga Rodríguez ha explicado el uso abusivo de la prisión preventiva que se ha impuesto a estos jóvenes. Ha asegurado que se trata de una «medida excepcional» que se aplicó como consecuencia de varias anomalías jurídicas.

Rodríguez sostiene que la pérdida de competencia y el hecho de que el caso acabara en la Audiencia Nacional permitieron un adelanto de la pena «injusto». «Los delitos cometidos no fueron graves, pero el caso de que estuviera en la Audiencia Nacional, un tribunal que ya lleva implícito la gravedad del delito, hizo de este caso algo especial», ha asegurado la abogada.

Posteriormente, la profesora de Derecho Penal de la UPNA Soledad Barber ha entrado a analizar la sentencia. Sus críticas han incidido en el concepto de «coautoría» de los delitos que mantiene el Tribunal. En este sentido, ha recordado que las penas para estos jóvenes se impusieron acumulando distintos delitos que chocan con el relato de los hechos que hace la propia sentencia. Así, algunos han sido condenados por las lesiones de denunciantes a los que la sentencia dice que no pegaron.

Barber también ha puesto en duda el empleo de agravantes en el caso, particularmente el de «discriminación». Según explicó, este agravante se emplea para defender a colectivos o minorías y, en caso de tener una raíz ideológica, debe justificarse en función de le ideología del agredido, no del presunto agresor como se hace en la sentencia.

Por último, también ha intervenido Amaia Izko, del equipo de la defensa de los jóvenes, quien a puesto el foco en los artículos del Código Penal que han permitido que el caso haya tenido esta deriva. En este sentido, concretó sus críticas en el artítculo 573 y en su definición laxa sobre el terrorismo, que hace que pueda emplearse para un gran abanico de conductas. «Es una norma penal en blanco».

Según Izko, toda esta deriva tiene como objetivo «considerar la radicalidad política como un delito de terrorismo». La abogada sostiene que «hay una confluencia de intereses de medios de comunicación, políticos e interpretadores de leyes» para castigar la redicalidad política como terrorismo. 

Todas las juristas han coincidido en el cierre de la charla en la necesidad de clausurar la Audiencia Nacional. «Un tribunal enfermo de muchas cosas, entre ellas de endogamia», ha asegurado la juez Biurrun, quien ha recordado como Juezas y Jueces por la Democracia mantenía esta demanda históricamente pero que, en los últimos años, parece haberla olvidado.

Análisis de la cobertura mediática

Mariano Ferrer ha moderado con posterioridad un debate entre periodistas en el que han participado Martxelo Díaz (GARA y NAIZ), Joxerra Senar (Berria) y Danilo Albín (Público) y en el que se ha emitido un vídeo pregrabado por Beatriz Talegón, quien no ha podido acudir por problemas de agenda.

Díaz ha puesto en valor la existencia de medios «alternativos, populares, de iniciativa social o como se les quiera llamar» para poder contar con rigor sucesos sometidos a tanta presión como el de Altsasu. «Sin ellos, la distorsión del caso habría triunfado», aseguró.

Senar ha apuntado que, para él, supuso un reto profesional cubrir el juicio en Madrid y destacó también la importancia de las redes sociales a la hora de construir el relato. Ha recordado también los primeros compases del caso, cuando el pueblo quedó «en shock» por todas las noticias que salían sobre ellos criminalizando a todos los vecinos.

En último término, Albín ha señalado que desde el principio hubo un interés por «convertir una pelea en terrorismo». Y ha añadido que su medio lo que hizo fue viajar al pueblo, hablar con los padres y abordar el caso «de una manera respetuosa». Ha explicado que, con solo hacer ese ejercicio, bastaba para desmontar algunas de las falsedades que en Madrid se dieron por buenas, como la hipotética raya que dividía al pueblo en «buenos y malos». En su opinión, «una de las estupideces más grandes que se han dicho sobre el caso».

Esta tarde, los debates continuarán abordando el impacto del caso en la Unión Europeo. Estarán presentes europarlamentarios como Josu Juaristi (EH Bildu) y diputados catalanes como Gabriel Rufián y Joan Tardá.