La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional española ha declarado la nulidad de los estatutos del sindicato de trabajadoras sexuales Otras, al considerar que «no resulta admisible que el ámbito de actuación de un sindicato comprenda actividades que por su naturaleza no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido como es la prostitución por cuenta ajena».

En su sentencia, la Sala de lo Social estima parcialmente las demandas presentadas por la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla, a las que se adhirió la Fiscalía, que expuso en la vista que los estatutos impugnados resultaban fraudulentos al reconocer la laboralidad de la prostitución por cuenta ajena.

El sindicato Otras defendía por su parte que su ámbito funcional era el de «actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes», además de la prostitución, lo que incluía actividades como las realizadas por los trabajadores de alterne, los bailarines eróticos, los actores porno y los centros de masaje.

Analizada la situación, los magistrados sostienen que «no resulta posible con arreglo a nuestro derecho» la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, esto es, «un contrato en virtud del cual el trabajador asuma la obligación de mantener relaciones sexuales que le indique el empresario con las personas que este determine a cambio de una remuneración». El contrato que así se celebre «debe reputarse nulo», añaden.

El Tribunal explica, que tal y como ha reconocido el sindicato demandado, en sus estatutos se incluyen «las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes», lo que comprende tanto las actividades del alterne, como el ejercicio de la prostitución bajo el ámbito organicista y rector de un tercero «lo cual como se ha dicho no resulta un objeto válido en el marco de un contrato de trabajo».

Las razones de dicha ilegalidad se basan, subraya el Tribunal, en que «supondría dar carácter laboral a una relación contractual con objeto ilícito y admitir que el proxenetismo -actividad que el Estado se ha comprometido internacionalmente a erradicar- es una actividad lícita, además de que sería como admitir, a su vez, el derecho de los proxenetas a crear asociaciones patronales con las que negociar condiciones de trabajo y frente a las que se pudieran adoptar medidas de conflicto colectivo», una posibilidad, añaden los jueces, que descarta expresamente el Tribunal Supremo.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, rechaza pronunciarse sobre la solicitud de las demandantes para que se declarara la disolución del sindicato ya que esta pretensión debía tramitarse en un procedimiento diferente, tal y como establece la ley reguladora de la jurisdicción social.