Al comenzar su intervención, Otaola ha destacado que es la primera vez en treinta años de carrera que tiene que acusar a un director del Gobierno de Lakua, en referencia a Xabier Sánchez Robles, el que fuera director de Juventud con Juan José Ibarretxe como lehendakari, para quien la Fiscalía pide 8 años de cárcel.

«Entendemos que ha habido un delito de malversación cometido por Sánchez Robles», quien se «valió de su facultad para proponer los contratos» con la presunta trama corrupta y «controlarlos».

«El funcionario público ideal es el que no tiene amigos ni parientes, y el que teniéndolos actúa como si no los tuviera» y este «no es el caso», ha sentenciado el letrado, que ha recordado que el Ejecutivo está personado en esta vista como actor civil y por lo tanto no solicita penas de cárcel y se adhiere de manera subsidiaria a la reclamación económica que hace la Fiscalía para los contratos suscritos por la red con el Gobierno que no se ejecutaron.

En un primer momento, Lakua había pedido que Sánchez Robles indemnizara de manera solidaria al Ejecutivo en 221.779 euros junto con el exviceconsejero de Cultura y Juventud Gurutz Larrañaga, así como De Miguel, Ochandiano, Tellería y otros dos imputados, Josu Montes e Iñaki San Juan.

Hoy ha rebajado la cifra del quebranto y ha excluido a Larrañaga de esta reclamación porque en su opinión el exviceconsejero ha sido una «víctima más del abuso de confianza que utilizó Sánchez Robles para su propósito»

Diputación de Bizkaia

Por su parte, el abogado de la Diputación de Bizkaia, Guillermo Onaindia, ha reducido a un año y tres meses –casi cinco años menos que lo que solicitaba inicialmente– las penas de cárcel que reclama por los delitos fiscales relacionados con la actividad desarrollada por la trama en territorio vizcaino.

Onaindia reclama que Josu Arruti Odriozola –para el que inicialmente solicitaba cuatro años de cárcel– sea condenado a tres meses de prisión y a una multa de 32.400 euros por un delito fiscal relacionado con la actividad de la empresa Zerulur, a la que acusa de haber defraudado 129.920 euros a la Hacienda vizcaona.

El abogado de la Diputación de Bizkaia ha destacado que a este acusado se le han de aplicar los atenuantes de confesión y reparación del daño causado, puesto que en el transcurso del procedimiento judicial devolvió la cantidad defraudada más los intereses devengados.

En el caso de Josu Arruti Letamendia, hijo del anterior y para el que inicialmente se solicitaban dos años de prisión, la Diputación vizcaina pide un año de cárcel por otro delito fiscal con la atenuante de confesión, un delito que en esta ocasión estaría relacionado con la actividad de la empresa Sidepur.