ELA destaca en un comunicado que al inicio de esta legislatura su objetivo era «la democratización de los órganos de participación institucional» pero, pese a conseguir el acceso a distintos foros, «enseguida quedó en evidencia que el Ejecutivo no tenía una posición firme para modificar las políticas de salud laboral».

«No hemos logrado que el Consejo de Salud Laboral sirva para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora», afirma el sindicato, y añade que el Gobierno de Nafarroa «solo busca con él dar una imagen de que éste es útil mientras en la práctica lo vacía de contenido y profundiza en las políticas de concertación social que tanto daño han causado».

Y ELA, subraya, «no está dispuesta a participar en esa escenificación» después de que este verano se haya registrado «una tasa de mortalidad desconocida desde hace mucho tiempo, con 12 muertos en apenas dos meses».

Al respecto asevera que cuando ELA y LAB han querido abordar en el Consejo propuestas para hacer frente a esta situación «el Gobierno ha convocado una reunión extraordinaria para gestionar los excedentes de las mutuas, lo que supone destinar el dinero acumulado mediante las cotizaciones laborales a subvenciones para CCOO, UGT y CEN».

Además, dice, ambas centrales han presentado propuestas para reducir la siniestralidad laboral pero «no hemos obtenido respuesta» del Ejecutivo sino que, «por el contrario, en los presupuestos de 2019 no se recogen medios para ello».

«Y lo que es peor, se ha previsto una partida de 400.000 euros para planes de salud laboral encuadrados en el último Acuerdo Intersectorial firmado por CCOO, UGT y CEN, a pesar de que esto no se ha debatido en el Consejo», indica, por lo que concluye que «no hay voluntad de tener en cuenta las demandas de ELA y LAB en el Consejo, pero no hay problema para financiar algo acordado fuera de él por CEN, UGT y CCOO».

Por ello considera que, siendo «la principal causa de los accidentes laborales la precariedad y la avaricia de las empresas», es preciso mantener «una actitud firme hacia esta patronal que extiende la precariedad», al tiempo que advierte al Gobierno de que «no legitimará» con su presencia «políticas contrarias a los intereses de la clase trabajadora».

LAB, por su parte, indica que tras el cambio de Gobierno «una premisa básica ampliamente compartida consistía en la necesidad de terminar con las políticas clientelares del régimen en todos los ámbitos, también en el laboral», pero el gabinete de Uxue Barkos «sigue colaborando en un procedimiento parecido por el que Patronal, UGT y CCOO se apropian de los excedentes de las mutuas».

«Se trata de una cantidad importante de dinero público» que «pasan directamente a manos de dichos agentes» y para ello el Gobierno navarro «utiliza al Consejo Navarro de Salud Laboral para certificar proyectos presentados por la Federación de Empresarios de la Rioja, la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), CCOO de Navarra, CCOO de La Rioja, UGT de Navarra y UGT Euskadi».

Un sistema «ambiguo en los criterios de reparto» y en el que además el destino de los fondos lo determinan «los mismos» que lo reciben, por lo que LAB se pregunta por qué esta práctica fue eliminada del Servicio Navarro de Empleo por el vicepresidente Laparra y sin embargo, el vicepresidente Ayerdi la mantiene en el Consejo de Salud Laboral.

Se trata, agrega, de «una inaceptable decisión política» para «seguir encauzando fondos públicos a CEN, UGT y CCOO», a la que LAB suma que estos agentes «siguen presionando para obtener más fondos por medio del delegado territorial de Salud Laboral» pese a que el aumento de la siniestralidad deriva de la Reforma Laboral que «la patronal, con la que comparten mesa y mantel en el diálogo social, utiliza para precarizar las condiciones laborales».

«Este año ya son 20 los hombres y mujeres que han muerto en Navarra mientras trabajaban o iban a trabajar. Sin embargo, el Gobierno de Navarra ha hecho oídos sordos» a las peticiones planeadas, comenta, y concluye que en vista de ello ha decidido su abandono temporal del Consejo y movilizarse para «exigir el fin de las certificaciones a dedo».