Los hechos por los que la Fiscalía pide siete años de prisión para cuatro miembros ‘La Manada’ ocurrieron poco antes del caso de los sanfermines de 2016, concretamente en el mes de mayo.

El Ministerio Fiscal también solicita para la víctima como responsabilidad civil una indemnización conjunta y solidaria que deberán pagar los acusados de 4.500 euros por su curación y 6.000 más por los daños morales causados, según ha informado la Fiscalía Superior de Andalucía, en base al escrito de calificación provisional.

Los hechos ocurrieron en la noche del 1 de mayo de 2016 y se hicieron públicos en setiembre de 2016 en la investigación de la causa que se estaba desarrollando en Iruñea y en la que estaban implicados los cuatro acusados en este caso y un miembro más del citado grupo.

Así, las pesquisas derivaron en «la localización de la grabación de los abusos sexuales realizados en el interior de un coche a la víctima», a través de uno de los móviles de los acusados, imágenes que fueron enviadas por el guardia civil Antonio Manuel Guerrero al chat de ‘La Manada’, a las 7.45, integrada por cuatro acusados y tres personas más y también se envía el video al chat denominado ‘El Peligro’ a las 7.52, formado por uno de los acusados, José Ángel Prensa, y 20 personas más.

Además de las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía, también pide para los cuatro acusados la prohibición de comunicar o aproximarse a la víctima en cualquier lugar donde se encuentre o frecuente o en su domicilio a una distancia inferior a cien metros durante ocho años para el delito de abuso sexual y otros nueve años más por el delito contra la intimidad al ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales sin su consentimiento cuando la divulgación menoscaba gravemente la intimidad personal de esa persona.

En concreto, los acusados José Ángel Prenda, Jesús Escudero, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero y el militar Alfonso Jesús Cabezuelo acudieron la noche del 1 de mayo a la feria de la localidad cordobesa de Torrecampo y coincidieron en una de las casetas discoteca con la joven que se había desplazado también desde Pozoblanco al municipio en compañía de otros amigos.

El escrito del fiscal relata que en el transcurso de la noche todos consumieron diversas bebidas alcohólicas y la joven llegó a tomar alguna consumición con el acusado Cabezuelo. Al cierre de la caseta, sobre las 7.15, encontrándose todos en la puerta, este se ofreció a llevar a la joven a su domicilio de Pozoblanco, en el vehículo en que habían llegado los cuatro acusados.

El coche lo conducía Guerrero y Prenda ocupaba el asiento del coopiloto, los otros dos acusados los asientos traseros y la chica se situó en el centro entre ellos. «Debido, probablemente a la cantidad de alcohol ingerida –señala el escrito– sin que haya podido determinarse, si además de ello, tomó de forma deliberada o sin saberlo, alguna otra sustancia estupefaciente, la chica cayó en un estado de profunda inconsciencia, hasta el punto de no recordar lo ocurrido en el trayecto del vehículo».

En el interior del coche, según se visualiza en el vídeo que realiza Prenda, con el concierto previo de todos ellos, «aprovechan que la joven se hallaba privada de sentido, todos los acusados, con ánimo libidinosos, comenzaron a realizarle diversos tocamientos de carácter sexual, incluido el conductor».

Al llegar a Pozoblanco, tres de los acusados bajaron del vehículo y se incorporó como conductor Cabezuelo, quien continuó la marcha con la chica unas calles más y cuando esta se despertó le pidió que le realizara una felación, a lo que esta se negó, según detalla el Ministerio Público. En este momento, el militar «con intención de menoscabar su integridad física», según la calificación, la golpeó en la cara, le dio un puñetazo en el brazo y la empujó para que saliera del coche mientras le gritaba «puta».

Tras ello, la víctima tuvo conocimiento de estos videos cuatro meses después, cuando se hicieron públicos, y como consecuencia tanto de los hechos como de la exposición mediática y social que derivó del tratamiento y divulgación que hicieron medios de comunicación y redes sociales, la perjudicada sufrió estrés traumático y necesitó 90 días para su recuperación.

El procedimiento que llevará al enjuiciamiento de los investigados en este caso llega después de que en junio de 2018 el mismo juzgado pozoalbense impusiera a los cuatro investigados la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la denunciante y de comunicarse por cualquier medio con ella.

Cabe recordar que la Sección Segunda de la Audiencia navarra ya condenó a los cinco miembros de este grupo a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual en los sanfermines de 2016, en una sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Nafaroa, aunque permanecen en libertad, pendientes de que haya resolución firme.