NAIZ
BILBO

El PP arremete contra la transferencia de prisiones, recogida en el Estatuto

La presidenta del PP de la CAV, Amaya Fernández, ha asegurado que en su partido están «comprometidos con el Estatuto de Gernika», pero ha defendido la competencia de prisiones «siga residenciada en el Gobierno de España» porque no cree que se pueda «tener confianza» en la gestión que haga el Gobierno de Lakua.

Amaya Fernández, en una imagen de archivo. (Aritz LOIOLA / FOKU)
Amaya Fernández, en una imagen de archivo. (Aritz LOIOLA / FOKU)

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, la dirigente del PP ha subrayado que «es muy difícil que el PNV haga creer a los vascos que van a vivir mejor o que su nivel de bienestar va a incrementarse por el hecho de que se gestione prisiones».

«Tengo que decir con toda claridad que la política penitenciaria está regulada por ley y sabemos que, en última instancia, es un juez el que va a tomar la decisión sobre dos cuestiones muy importantes como son la progresión de grado o el acceso a la libertad condicional», ha advertido.

Pero ha matizado que «también es cierto que el juez va a tomar sus decisiones fundamentadas en los informes que emitan las personas que trabajan en la cárceles, que a día de hoy esas personas dependen de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior, pero, después, pasarán a formar parte del Gobierno Vasco».

A ello ha añadido que en la primera reunión que mantuvieron el lehendakari Urkullu y presidente Sánchez se habló «de la petición de acercamiento de presos. Incluso antes de que se produjese la disolucion de ETA, todos pudimos escuchar declaraciones preocupantes de miembros del Gobierno Vasco que señalaban que los operativos de la Guardia Civil contra ETA no eran una buena noticia».

Por ello, se ha preguntado «si merece confianza que el Gobierno Vasco empiece a gestionar la competencia de prisiones con estos precedentes. Yo, en este momento, creo que es más responsable que esa competencia siga residenciada en el Gobierno de España», ha reiterado. En estos momentos, según el listado de Etxerat, solo 4 de 263 presos políticos cumple condena en centros de la CAV.

Para Fernández, la transferencia de competencias «es un proceso vivo que exige que por parte de los Gobiernos de España y vasco se siga el principio de lealtad institucional, que tiene que ser bidireccional».

«Presupuestos manchados de traiciones»

Más virulenta, la exministra y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha criticado que el mismo Gobierno que está «acercando sin parar a presos etarras» anuncia ahora el traspaso de la gestión de las cárceles. «Sánchez desmantela España con unos Presupuestos manchados de traiciones», ha proclamado.

También ha opinado su homólogo en el Senado, Ignacio Cosidó, quien ha subrayado que «con la dignidad de las víctimas no se negocia. La política indiscriminada de acercamiento de presos al País Vasco de Pedro Sánchez junto a la cesión ahora de las Prisiones al Gobierno Vasco, puede suponer la impunidad para muchos terroristas».