Los letrados del Parlamento de Gasteiz habían redactado un informe que avalaba la legalidad de la propuesta del Ejecutivo, que pretendía que se votaran en bloque y de urgencia todas las medidas que incluía, sin que se pudieran presentar enmiendas.

No obstante, PNV-PSE se han topado con el rechazo de la oposición, ya que EH Bildu, Podemos y PP no estaban dispuestos a tener que zanjar con un ‘sí’ o un ‘no’ tal variedad de temas y reclamaban que se votaran por separado.

Finalmente, el Ejecutivo ha sido consciente de su situación de minoría, ha trasladado a la Cámara la retirada del proyecto de Ley y ha presentado por separado tres leyes para la subida de los salarios de funcionarios, de los docentes de la enseñanza concertada y el aumento de la RGI.

«Ganan 150.000 familias»

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha señalado que con los cambios en la tramitación de las medidas de acompañamiento presupuestario «no gana ni pierde el Gobierno y no gana ni pierda la oposición; ganan 150.000 familias».

Azpiazu ha justificado la decisión de retirar su bloque de propuestas englobadas en una única ley en el «serio riesgo» de que los grupos oposición tumbaran el proyecto inicial, a su juicio «por motivos ajenos a la propia ley» y «por falta de voluntad política».

«No vamos a entrar en una estrategia que utiliza la forma como pretexto para no sacar delante el fondo», ha comentado en referencia a las críticas de la oposición al procedimiento elegido por el Gobierno de lectura única, por el que no se admiten enmiendas y su contenido se vota en bloque.

El consejero ha indicado que ahora no hay «excusas en las formas» para que las medidas sean aprobadas, si bien uno de los argumentos de la oposición era que algunos partidos sí estaban de acuerdo con ciertas medidas, pero no con otras, y por eso querían votarlas por separado.