En conferencia de prensa, el representante de esta entidad, Andrés Valentín, ha precisado que estos bienes inmatriculados se refieren a los que en la actualidad están registrados a nombre de la Iglesia, «lo que significa que todos los que han sido vendidos no computan», por lo que «las inmatriculaciones son muchas más».

Igualmente, ha detallado que, de los 1.431 bienes inmatriculados anteriores a 1998, la mitad de ellos son bienes rústicos, como campos y tierras, huertos o pastos, seguidos por los urbanos, como casas, edificios o jardines, y solo un 5 % son lugares de culto.

Hasta 1998, ha explicado, estaba expresamente prohibida por la normativa vigente (el reglamento hipotecario de 1947) la inmatriculación de lugares de culto, una limitación que se eliminó desde esa fecha y hasta 2007.

En esos nueve años, ha denunciado, el 80 % de las inmatriculaciones fueron de lugares de culto, lo que ha achacado a la reforma del expresidente del Gobierno José María Aznar.
Al respecto, Valentín ha aseverado que no sospechaban que el volumen de bienes no dedicados al culto que se han inmatriculado antes de 1998 «fuese tan importante».

Además, ha considerado que, pese a los datos obtenidos, la información es«“absolutamente insuficiente» y, por tanto, ha apostado por que cada ayuntamiento «reclame, del registro de la propiedad, las notas simples».

En cualquier caso, ha señalado que «no se trata de una problemática navarra, sino estatal» y ha aseverado que es una cuestión «jurídica y patrimonial, que no atiende a motivaciones religiosas».

Por tanto, esta plataforma ha anunciado que solicitará una comparecencia en el Parlamento de Nafarroa para «explorar nuevas iniciativas» e informar de la situación.

También pedirán una nueva reunión del grupo de trabajo de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) a fin de trasladar la información a las entidades locales para explorar las actuaciones que procedan.

Asimismo, solicitarán una entrevista con la dirección general de Administración Local para analizar cómo se puede revertir la inmatriculación de comunales.

Otras acciones previstas son la convocatoria de movilizaciones ciudadanas para denunciar «el expoli»” y que, mediante la coordinadora estatal ‘Recuperando’, se analice la situación con cargos del Gobierno español.

Finalmente, ha avanzado que en el Congreso de los Diputados español han propuesto un procedimiento legislativo que anule todas las inmatriculaciones, que, para esta plataforma, «desde el 78 son absolutamente ilegales por inconstitucionalidad».