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Los perceptores de Renta Garantizada, en «tendencia significativa» a la baja en Nafarroa

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha apreciado que, «por primera vez empieza a verse una tendencia significativa a la reducción» del número de personas que en Nafarroa se incorpora al programa de Renta Garantizada, al que el pasado año se destinaron 103,5 millones de euros.

El vicepresidente Laparra, en la presentación de la memoria de la Renta Garantizada. (Jagoba MANTEROLA/FOKU)
El vicepresidente Laparra, en la presentación de la memoria de la Renta Garantizada. (Jagoba MANTEROLA/FOKU)

El montante total supone un incremento del 5,5 % respecto al 2017, ha señalado el consejero en conferencia de prensa, en la que ha presentado el informe periódico y anual 2018 de Renta Garantizada, que revela que las unidades familiares perceptoras se reducen un 1,7 % en los últimos meses.

Los datos aportados revelan que 2018 concluyó con un total de 12.562 unidades familiares con derecho a percibir esta prestación, lo que supone 22 más respecto al pasado mes de diciembre de 2017.

Laparra ha considerado también «significativo» que, tras alcanzarse un máximo en marzo de 2018 de 12.780 unidades familiares, en los últimos nueve meses se haya producido una disminución progresiva de los que reciben mensualmente RG, del 1,7 % entre marzo y diciembre.

En cuanto a la contratación, 7.000 personas que percibieron la Renta Garantizada tuvieron al menos un empleo en 2018 hasta alcanzar 21.064 contratos.

El informe recoge que en 2018 han sido beneficiarias de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social un total de 36.303 personas (52,87 % mujeres y 47,13 % hombres), lo que supone un 2,22 % más que en 2017, con 13.233 (el 36,45 %) menores de edad, un porcentaje «estable a lo largo de estos años», aunque la variación interanual de 2018 presenta algo más de un punto respecto al incremento total de personas.

Las 36.303 personas beneficiarias de la RG se agrupan en un total de 16.053 familias, de las cuales, el 21,77 % cuentan con un solo progenitor (en su gran mayoría mujeres), también con estabilidad en estos porcentajes en los tres años anteriores.

El 79 % de las unidades familiares tienen entre uno y tres miembros, aunque el 44 % de todas las unidades familiares que reciben la Renta Garantizada es de carácter unipersonal.

Las personas solicitantes con nacionalidad estatal siguen siendo mayoritarias (el 65,4 % del total de solicitantes), si bien se aprecia un ligero descenso respecto al año anterior (casi dos puntos menos), pero por encima de los porcentajes de los años anteriores a 2015.

Se aprecia, asimismo, un mayor porcentaje de mujeres que solicitan la prestación en nombre de la unidad familiar (el 54,9 %), el porcentaje más alto desde el año 2008.

Además, frente a una media en el Estado del 8 %, en el caso de Nafarroa es, tras la CAV, la segunda comunidad con mayor tasa de cobertura de la población que recibe la prestación respecto a la población que se encuentra en riesgo de pobreza, del 66,1 % en 2017.

Iruñea concentra la mayor parte de las unidades familiares cubiertas (el 40,9 %), seguida por Iruñerria (22,1 %), el área de Tutera (15,8 %), Lizarra (9,8 %), Tafalla (6,1 %), la zona noroeste (3,8 %) y la noreste (1,6 %), datos prácticamente idénticos a 2017.

Al programa en 2018 se ha destinado un total de 103,5 millones de euros, que suponen un incremento del 5,5 % respecto a 2017, pero un descenso de 12,8 puntos respecto a la variación interanual de 2017.

La media mensual de la prestación en el momento de la concesión ha sido de 686,14 euros al mes por unidad familiar, lo que supone un incremento medio del 3,3 % respecto a 2017.

También ha subrayado Laparra el impacto económico que se calcula que han tenido los 103,5 millones de la RIS de 2018 sobre el Valor Añadido Bruto de Navarra ha sido el siguiente, con un efecto directo de 71,1 millones, un efecto indirecto de 15,9 millones, un efecto inducido de 16,7 millones, lo que en total supone «un efecto superior a un euro, de 1,002 euros, por cada euro».

En cuanto a los efectos en el empleo, Laparra ha señalado que esta inversión pública ha generado 1.300 empleos, y un efecto fiscal de 17,3 millones de retorno para la Hacienda foral.

En cuanto a la inserción en el empleo, un total de 6.997 personas en edad laboral que han percibido la prestación han sido contratadas a lo largo de 2018, con un total de 21.064 contratos (una media de 3,01 contratos por persona), un 24,5 % más que el año 2016.

El número de unidades familiares que en 2018 ha contado con algún ingreso por trabajo ha sido de 4.114, lo que supone un crecimiento del 90 % respecto a 2016.

Las personas con prestación que fueron contratadas, representan el 30 % de las personas perceptoras en edad laboral, con el dato significativo de que las personas migrantes presentan un mayor porcentaje de contratación, por encima de su porcentaje de representación en el conjunto total.

Laparra ha interpretado esto porque los migrantes llegan a Nafarroa precisamente con la expectativa de trabajar, mientras que en el caso de la población autóctona también integrada en el programa de RG hay datos que frenan esa incorporación laboral relacionados con la salud física y mental y otros, que «hacen que la incorporación sea mucho más difícil».

Por otro lado, el consejero ha destacado el incremento del control ordinario sobre las prestaciones entre 2015 y 2018, que ha alcanzado el 72 % de los expedientes, frente al 21,37 % de 2015, y que ha apreciado que hay un 4,41 % del total de expedientes en los que se ha dado algún tipo de incumplimiento de la normativa, lo que supone un crecimiento de 1,28 puntos porcentuales en 2018, fruto, precisamente, del incremento de los mecanismos de control y seguimiento.