El nuevo decreto incluye 21 nuevos servicios o prestaciones (12 garantizados y nueve no garantizados), reconoce como garantizados 13 que tenían la consideración de no garantizados, se modifican los criterios de acceso en 27 de estos servicios, ajustándolos a las necesidades de las personas usuarias, se modifica la intensidad de atención en alguna de las áreas prestadas en 42 de estos servicios y en nueve de ellos, se reducen los plazos de concesión.

El presupuesto para afrontar las prestaciones garantizadas de la Cartera de Servicios Sociales alcanza los 278 millones de euros, lo que supone un incremento del 55,2% respecto a los 179,2 millones del presupuesto inicial de 2015.

La modificación de la Cartera de Servicios Sociales, regulada por un decreto foral del año 2008, supone un salto cualitativo en el reconocimiento de derechos asistenciales para las personas que los requieren y, pasada una década, se consideraba necesario adecuarla a los cambios normativos producidos durante su vigencia.

Los nuevos servicios incluidos, las modificaciones en los requisitos de acceso de algunos servicios y el paso a garantizados de otros refuerzan la atención y amplía los derechos en los ámbitos de la atención primaria, la dependencia, la discapacidad, la enfermedad mental, la inclusión social, menores y de personas víctimas de violencia contra las mujeres.

Servicios garantizados
El nuevo catálogo reconoce como garantizados servicios que antes no tenían esta consideración, afianzando los derechos de la ciudadanía: los servicios de orientación familiar, mediación familiar, punto de encuentro familiar y centro de día de menores en el área de atención al menor; el servicio de teleasistencia en los ámbitos de mayores, discapacidad y enfermedad mental, los recursos de vivienda (pisos tutelados, supervisados y residencia-hogar) y centro de día para personas con enfermedad mental.

Además, se incluyen nuevas prestaciones y servicios, todas ellas garantizadas, principalmente en los ámbitos de la dependencia y la inclusión social o la protección a víctimas de violencia de género y menores.

Destacan especialmente el servicio de productos de apoyo (servicio de orientación y asesoramiento), universal; la oficina de vida independiente (para personas con discapacidad y personas dependientes); los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de las situaciones de dependencia; un servicio de intervención familiar para personas con discapacidad; una ayuda económica de libre disposición, para aquellas personas sin recursos económicos que ingresan en un centro residencial, para asegurar una cuantía que permita cubrir gastos básicos (mayores, discapacidad, enfermedad mental); una ayuda de apoyo a la integración familiar y social para personas con enfermedad mental.

En el ámbito de menores, se añade el servicio de acogimiento residencial especializado, un servicio de acogimiento familiar de fines de semana y vacaciones pensado preferentemente para aquellos menores que se encuentran en acogimiento residencial y un servicio de apoyo a madres adolescentes en situación de desamparo. Además, se regulan las ayudas asociadas a todos los tipos de acogimiento familiar, incluyendo las familias de urgencia y las familias extensas.

En el área de atención a personas víctimas de violencia de género, se añade un servicio de acogida para víctimas de trata y los servicios de atención y asesoramiento en materia de extranjería y de mediación comunitaria intercultural en el ámbito de inclusión y protección social.

Otras nueve prestaciones que hasta ahora no figuraban en la Cartera pasan a formar parte de ella, aunque con la característica de no garantizadas por la Administración. Se trata, principalmente, de servicios y prestaciones económicas para viviendas con diferentes grados de apoyo que permitan una vida autónoma a personas con discapacidad, la prestación de asistente personal para personas con discapacidad y la atención, en el servicio de atención a domicilio municipal, a personas con limitaciones para la cobertura de las necesidades básicas que no tengan el reconocimiento oficial de dependencia, al objeto de que las personas atendidas puedan mejorar su calidad de vida y permanecer en su entorno habitual.

Además, se garantiza el derecho a las prestaciones no sólo por el grado de dependencia o reconocimiento de discapacidad, sino por la necesidad presentada. Es el caso de los servicios para personas con enfermedad mental, para los que desaparecen las exigencias de discapacidad o dependencia, y se facilita el acceso a través de los informes pertinentes. Lo mismo ocurre para el acceso a plazas residenciales psicogeriátricas.

También se garantiza el servicio de teleasistencia (antes servicio telefónico de emergencia) de forma universal, por razones de necesidad. Desaparece además la limitación de los 65 años para el acceso a algunos servicios (de discapacidad y enfermedad mental), siendo la valoración de las necesidades la que justifica el recurso idóneo para una persona. Y se incrementa la intensidad de las intervenciones en algunos servicios, sobre todo con un incremento de la frecuencia en las áreas de apoyo a las familias.

La modificación del decreto foral mantiene la estructura de fichas por áreas específicas, si bien se han fusionado algunas que tenían un contenido muy similar. Su publicación irá acompañada de un esquema sinóptico que facilite la consulta de los servicios a la ciudadanía.

Por último, el nuevo decreto foral recoge varias adecuaciones del lenguaje, como la sustitución del término minusvalía por el de discapacidad, siguiendo las recomendaciones de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad, así como las relativas al ámbito de atención al menor, para adecuarla a lo establecido en la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Participación ciudadana
La elaboración de este decreto ha contado con una amplia participación de la ciudadanía, recogiendo el texto definitivo, un 44% del total de las 239 aportaciones propuestas.

Además de su exposición pública, se han mantenido reuniones y presentaciones con diferentes agentes del ámbito de los Servicios Sociales (Servicios Sociales de Base y Federación Navarra de Municipios y Concejos), entidades del tercer sector (CERMIN, Red de Lucha contra la exclusión social, LARES, Clubes y Asociaciones de Mayores, entidades del ámbito de la protección a la infancia) y órganos de representación ciudadana (consejos sectoriales de discapacidad, mayores, del menor y consejo navarro de bienestar social).

Se ha calculado que el impacto presupuestario de las modificaciones realizadas en el actual decreto va a suponer un incremento de 888.193 euros para el año 2019. Junto a este incremento, se consolida el gasto que se venía efectuando en la prestación de servicios no garantizados. En conjunto, los servicios prestados a la ciudadanía a través de la cartera de servicios sociales, suponen una inversión total (para el año 2019) de algo más de 278 millones de euros.