El respaldo de la Eurocámara –con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones– supone el penúltimo paso para que se confirme la reforma, a falta de que también den su visto bueno formal los Veintiocho en decisión del Consejo. Una vez validada por todas las partes, los estados miembro tendrán dos años para trasladar la nueva directiva a sus legislaciones propias.

La reforma prevé la obligación para las grandes plataformas como Google, Youtube o Facebook de vigilar y filtrar los contenidos que los internautas compartan en sus espacios, para detectar si se están publicando obras protegidas por derechos de autor sin el permiso de sus creadores. Así, las páginas deberán hacer todo lo posible por encontrar al autor y pedirle su permiso o retirar el contenido, con el objetivo de asegurar que los creadores sean justamente remunerados por sus obras. Las plataformas pasan de este modo a ser responsables del contenido que alojan.

Los contenidos satíricos, como los populares meme y los GIF, quedan exentos de esta exigencia, ya que seguirá protegiéndose la subida a la red de contenidos si es «para citar, criticar, reseñar, caricaturizar, parodiar o imitar».

Los críticos con la reforma alertan de que permitirá «ejercer la censura, limitar la libertad de expresión y acabar con los pequeños creadores», y dejará en manos de algoritmos el filtro para decidir qué es publicado y qué no.

La otra gran novedad es que los editores de prensa podrán reclamar compensaciones a los agregadores de noticias por usar sus contenidos, una suerte de «tasa Google» similar a la que llevó a Google News a retirarse del Estado español, aunque menos restrictiva. Estas plataformas podrán seguir compartiendo en sus espacios fragmentos de artículos de prensa de terceros, pero estos textos deberán ser «muy breves» para evitar abusos. Además, los editores tendrán automáticamente el derecho de negociar en nombre de sus periodistas con los agregadores por la publicación de sus productos.

Estas dos disposiciones son los artículos más polémicos de la reforma (13 y 11, respectivamente): durante su tramitación los eurodiputados han denunciado fuertes presiones por parte de lobbies interesados y campañas masivas de envío de mensajes e incluso amenazas.

A favor... y en contra

Desde las instituciones sostienen que la nueva directiva refuerza a los titulares de derechos –músicos, intérpretes y guionistas– y a los medios de comunicación y editores de noticias para que puedan negociar acuerdos más ventajosos, pero insisten en que también afianza la libertad de expresión. «Es un gran paso adelante. Acaba con la fragmentación y es un paso clave para completar el mercado único digital. Por primera vez, la Unión Europea tiene reglas comunes claras sobre la explotación del patrimonio cultural, datos y textos», ha celebrado el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Agenda Digital, Andrus Ansip.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también ha aplaudido el acuerdo, porque, según ha dicho, es prueba de que la institución «defiende la creatividad y los empleos».

Por el contrario, Google cree que la directiva sobre el copyright ha mejorado con la reforma, pero considera que persisten las «inseguridades jurídicas» y que «perjudicará a las economías creativas y digitales» en la UE, según ha señalado un portavoz de la compañía.

Tampoco gustan los cambios en el grupo de los Verdes. Por ejemplo, el eurodiputado Florent Marcellesi (EQUO) ha tachado de «nefasto» el acuerdo y ha criticado el riesgo de que lleve a una «menor pluralidad en Internet». Por ello, ha emplazado a los estados miembro a frenar su tramitación.