La muerte de defensores de derechos humanos en Colombia crece con impunidad

Las muertes de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia aumentaron casi un 50% en 2018 favorecidas por la impunidad ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría de los hechos, según la ONG Programa Somos Defensores.

NAIZ|Bogotá|2019/04/24 14:10
Colombia
El presidente de Colombia, Iván Duque, junto al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en la vista que ambos realizaron el pasado día 14 a Cúcuta, en la frontera con Venezuela. (Juan BARRETO/AFP)

El informe anual de la ONG Programa Somos Defensores, divulgado hoy, revela que 2018 fue uno de los años más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia con 155 muertes, lo que supone un 46,2% más que los 106 documentados en 2017.

Las cifras se corresponden con los registros del Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), creado por la ONG para documentar los ataques contra activistas en el país.

Detalla que el 90% de los ataques fueron cometidos contra hombres, el 9% contra mujeres y el 1% contra miembros de la comunidad LGTBI.

El informe critica que la Fiscalía General de Colombia asegure que hay un «esclarecimiento histórico» en las investigaciones cuando en realidad no es así.

«Desde los años 80, el movimiento de derechos humanos colombiano ha luchado para que el Estado supere los índices de impunidad en relación con los asesinatos de defensores de derechos humanos, la cual ha gravitado históricamente en un 95%», remarca el informe.

Al respecto, Alirio Uribe, abogado y defensor de derechos humanos, carga contra la Fiscalía y considera que «es insuficiente lo que está haciendo (esa entidad) a pesar de que tiene una delegada para la seguridad ciudadana».

Esos resultados «siguen siendo precarios», ha manifestado Uribe, quien ha insistido en que «más del 90% de los casos quedan en la impunidad».

La impunidad, común denominador

Los datos del informe divulgado hoy apuntan en esa dirección, pues revelan que la impunidad es un común denominador en estos hechos ya que no solo no se castiga a los responsables sino que en la mayoría de los casos tampoco se esclarece la autoría.

En 111 de los 155 homicidios documentados el año pasado los presuntos responsables son desconocidos, lo que equivale al 72% del total, es decir que solo en uno de cuatro casos las autoridades logran saber quién está detrás del ataque.

Uribe ha denunciado que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, maquilla las cifras sobre resultados de las investigaciones y las utiliza mediáticamente «como una especie de campaña política» para, según dijo, mostrar más casos esclarecidos que los reales.

La coordinadora del Programa Somos Defensores, Diana Sánchez, ha considerado que el Estado y el Gobierno «no están asumiendo» las responsabilidades para erradicar de raíz el problema.

«En Colombia el problema del asesinato de personas defensoras de derechos humanos no es coyuntural (...) es un problema estructural, es una violencia estructural donde el Estado y los Gobiernos nacionales tienen mucho que hacer pero en realidad no lo han asumido», ha destacado.

El documento también pone el foco en que en 2018 hubo 805 agresiones contra líderes sociales entre «amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos».

Eso supuso un crecimiento del 43,7% con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en «el año con más ataques registrados por este sistema de información».

El Programa Somos Defensores lamenta que «el Estado no haya tenido la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica» que ofreció la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016 –desde entonces han matado a 128 exguerrilleros– y que la implementación hasta la fecha se haya dado de «manera lenta y poco efectiva».

Marcha a Bogotá

Alrededor de 3.000 líderes sociales procedentes de todas las regiones de Colombia llegarán a Bogotá para instalarse del 28 de abril al 2 de mayo en un Refugio Humanitario por la Vida.

Exguerrilleros de las FARC-EP en fase de reincorporación y sus familiares, indígenas, obreros, campesinos, víctimas, afrodescendientes y líderes de todo el territorio han decidido instalar un Refugio Humanitario por la Vida para denunciar la falta de seguridad y los sistemáticos ataques en su contra.

«La sociedad debe retomar el camino de la solución política y negociada al conflicto para que cese la violencia. El Refugio Humanitario, que es a su vez un encuentro por la vida, también exigirá al Estado garantías a la vida y a la acción social y política, y dar cuenta de sus esfuerzos, acciones y propuestas ante el incremento del genocidio que le ha costado la vida y la libertad a cientos de líderes y lideresas en los territorios y ciudades, además construirá una ruta de autocuidado y autoprotección que se dinamizará en los territorios una vez culminado el Refugio», han señalado los impulsores de esta iniciativa en un comunicado.

La muerte del bebé Samuel David

Aún resuena la muerte del bebé Samuel David, de siete meses, en un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados contra su padre, exguerrillero de las FARC-EP. Vivía junto a sus padres, indígenas wayú, en el Espacio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Simón Trinidad de Tierra Grata, en el departamento de César.

Aprovechando las vacaciones de Semana Santa, sus padres se desplazaron hasta la localidad de Montelara, en el departamento de La Guajira, para que conociera a su bisabuela. La casa en la que dormitaban fue tiroteada. Aunque los tres lograron salir con vida, ninguno de los vecinos se atrevió por miedo a transportarlos hasta un centro sanitario. Sobre las seis de la madrugada, unos vecinos acudieron a socorrerlos pero Samuel David, quien recibió un impacto de bala en la pierna, llegó muerto. Sus padres se recuperan de las heridas.

Desde las filas del partido político FARC, sus integrantes han lanzado una campaña a través de las redes sociales para exigir que «ningún hijo de la paz» tenga que morir en semejantes circusntancias.