Imane RACHIDI (EFE)
AMSTERDAM

Víctimas del Buen Pastor exigen reconocimiento ante el Parlamento holandés

Las mujeres víctimas de esclavitud en las lavanderías y talleres de costura de la congregación del Buen Pastor en Países Bajos mantuvieron el martes un encuentro con diputados de diferentes partidos en el Parlamento del país para denunciar la explotación infantil en los conventos y exigir una compensación al Gobierno.

El opispo de Rotterdam, Hans van de Hende, bendice los tulipanes antes de ser llevados al Vaticano. (Piroschka VAN DE WOUW/AFP)
El opispo de Rotterdam, Hans van de Hende, bendice los tulipanes antes de ser llevados al Vaticano. (Piroschka VAN DE WOUW/AFP)

En el encuentro, a puerta cerrada, las víctimas pidieron al Gobierno reconocer el daño causado en su infancia, ya que del Estado dependían tanto los jueces de menores como los servicios sociales que ordenaban o permitían el encierro en conventos de niñas que apenas rozaban los 14 años.

El Estado holandés es «responsable de lo que le ha ocurrido» a las mujeres encerradas de niñas en lavanderías y talleres de costura de las Hermanas del Buen Pastor, advirtió el victimólogo Jan van Dijk, investigador de los abusos en los conventos del país.

Unas 15.000 adolescentes estigmatizadas como «prostitutas» y procedentes de «familias rotas» fueron encerradas en la congregación de Nuestra Señora del Buen Pastor en Países Bajos entre 1860 y 1978, donde fueron obligadas a trabajar durante 60 horas a la semana y sin cobrar en lavanderías y talleres de costura.

Eran, en su mayoría, niñas huérfanas, víctimas de abusos sexuales o de violencia de género, rebeldes adolescentes o hiperactivas «incontrolables» y, según denuncian, fueron privadas de libertad y obligadas a coser y limpiar camisas para el Ejército o sábanas y toallas para hospitales, y prendas para conocidas empresas del país.

«La mayoría fueron puestas ahí por agencias de protección de menores. Incluso cuando fueron los padres los que decidieron ponerlas ahí, fue porque el Buen Pastor era una institución reconocida por el Estado como segura para niñas. El Estado es responsable de lo que ha pasado», remarca Van Dijk.

Este profesor emérito de victimología en la Universidad de Tilburgo ha investigado los casos de cientos de mujeres explotadas por las hermanas católicas para elaborar un informe de asesoramiento a la Plataforma de Mujeres para el Abuso Infantil de la Iglesia, que fue entregado al Ministerio holandés de Justicia el pasado mes de febrero.

Van Dijk, que también acudió al Parlamento, subraya que los delitos fueron cometidos en contra de las reglas de la época: el encierro de menores, su trabajo forzado y no remunerado y los castigos en celdas de aislamiento a los que fueron sometidas por negarse a trabajar fueron una violación del tratado de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), firmado por Holanda en 1930.

También violaron la jurisprudencia neerlandesa que prohíbe el trabajo infantil forzado y que obliga a ofrecer una educación obligatoria a los menores de edad. Una de las principales denuncias de estas mujeres es que no pudieron estudiar ni reintegrarse en la sociedad tras abandonar la congregación, puesto que no tenían dinero y eran estigmatizadas como las «descarriadas» del Buen Pastor.

En una carta reciente a algunas víctimas, la congregación –a través de su abogado, Pieter Nabben– alegó que encerrar y forzar a las menores a trabajar «estaba en ese momento en la línea con los puntos de vista pedagógicos» y las acusaciones que están haciendo ahora son «inapropiadas» e «injustificadas».

«Mi objetivo es convencer al Gobierno holandés de que tiene que establecer un fondo de compensaciones para estas mujeres. Cuando se analizan los casos, eran en su mayoría niñas de familias rotas: que ha muerto uno de sus padres, que su padrastro haya abusado de ellas y han escapado, etc. Eran más víctimas de circunstancias familiares, que niñas descarriadas», afirma Van Dijk.

Tras presentar un segundo informe con una opinión legal al Gobierno de Países Bajos, Van Dijk logró una reacción positiva del ministro de Protección Legal, Sander Dekker, quien subrayó que, en su opinión personal, las víctimas tienen derecho a reconocimiento y compensación.

Sin embargo, Dekker rehusó abrir una investigación independiente sobre lo ocurrido, ya que aún espera las conclusiones de otro comité que investiga la violencia física y sicológica en las últimas décadas en el cuidado de los jóvenes por parte de la Iglesia católica en ese país.

En su encuentro de este martes en el Parlamento, las víctimas lograron el apoyo de todos los partidos políticos. «Es extremadamente importante que el Estado admita su responsabilidad y haga el gesto de pagar una compensación a estas mujeres. Es de una gran importancia simbólica para que ellas sientan que su historia es escuchada y se reconozca que esto nunca debió haber ocurrido en una sociedad civilizada», concluye el investigador holandés.