La Fiscalía pide procesar por «organización criminal» a 28 investigados por el 1-O

La Fiscalía de Barcelona ha pedido que se procese por un delito de «organización criminal» a 28 de los imputados por los preparativos del referéndum del 1-O –entre ellos figuran directivos de medios públicos catalanes y del Govern–, además de los de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos de los que ya están acusados.

NAIZ|BARCELONA|2019/05/15 11:12
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Vicent Sanchis, director de TV3, durante una entrevista con Carles Puigdemont. (GENERALITAT)

El Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O, que procese también por «organización criminal» a 28 de los investigados, entre ellos el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; a la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y a los directores de TV3, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y a excargos del Diplocat.

Según un recurso de reforma al auto de procesamiento presentado ante el Juzgado, recogido por Europa Press, el Ministerio Público pide procesar por organización criminal a altos y exaltos cargos como Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Albert Royo, Amadeu Altafaj y Natàlia Garriga, entre otros.

La Fiscalía considera que una «organización criminal» es «cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas».

Incluye a estas 28 personas como las que «de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña» mediante aportación individual y jerarquizada.

El 9 de abril, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesó a 30 personas en la causa abierta por los preparativos del 1-O en 2017, la mayoría de ellos excargos públicos del Govern de Carles Puigdemont.

La magistrada titular había adoptado esta decisión en un auto de procesamiento por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, tras más de dos años de instrucción iniciada por el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer.

La jueza fijó en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O.

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