Torra ha comparecido en el Palau de la Generalitat para ofrecer una declaración institucional tras declarar durante unos 40 minutos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en calidad de investigado por una querella de la Fiscalía, que le acusa de desobedecer las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) al no retirar los lazos amarillos y pancartas de las fachadas de los edificios públicos en la campaña de las elecciones estatales.

Torra ha respondido a la Fiscalía, pero «por decencia democrática» ha rechazado las preguntas de Vox, cuyos letrados, ha asegurado, son candidatos al Ayuntamiento de Barcelona. 

El president ha argumentado que la causa es nula de pleno derecho, ya que quien debía decidir sobre esa cuestión es la Junta Electoral Provincial (JEP), que asegura que es la competente en estos casos.

Ha sostenido que los denunciantes recurrieron a la JEC porque hay «miembros afines al PP que se han expresado en contra del independentismo y de candidatos independentistas» a las elecciones, por lo que ha denunciado la «parcialidad manifiesta» de ese órgano. 

Por ello, ha denunciado la «maniobra política» de querer sentarle en el banquillo de los acusados. 

Torra, que ha criticado la «deriva autoritaria» del Estado español, ha apelado a la libertad de expresión para justificar su decisión de no retirar los lazos amarillos, los cuales, ha dicho, no son símbolo de ningún partido, sino que responden a un «amplio consenso» en torno a la defensa de la libertad y la democracia. 

En esa línea, ha destacado que no ha acudido al TSJC a defenderse a sí mismo, sino a velar por los derechos e intereses del pueblo catalán y ha asegurado que para ello pagará «el precio que sea necesario».

El TSJC consulta al Síndic

Tras la declaración de Torra, el TSJC ha remitido un oficio para que el Síndic de Greuges –la versión catalana del Ararteko– aporte su resolución del 15 de marzo pasado relativa a la exhibición de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos en período electoral.

El juez Carlos Ramos requiere al Síndic que detalle «con precisión» la persona, la fecha y la forma –de palabra o por escrito– en que se le solicitó una aclaración a este informe, que emitió finalmente el 20 de marzo.

El Síndic, Rafael Ribó, hizo público ese día un informe en el que defendía la «plena libertad de expresión» en los edificios públicos, aunque durante «el período electoral» se mostraba «de acuerdo» con la orden de la Junta Electoral de que no hubiera ni lazos amarillos ni pancartas a favor de los presos en dependencias de la Generalitat.

Conversación telefónica

Por ello, el Síndic recomendó a Torra que retirara los lazos, esteladas y otra simbología partidista solo durante el período electoral. Ribó desveló en una rueda de prensa el 20 de marzo pasado que el documento ya estaba elaborado, de oficio, desde cinco días antes, el 15 de marzo, con las mismas conclusiones, y que Torra conocía su contenido porque tuvieron una conversación telefónica en donde se lo comunicó.

Pero ese día Ribó decidió no hacerlo público porque, según su versión, el presidente catalán le pidió una serie de «clarificaciones», que se resolvieron finalmente el 20 de marzo. En concreto, según el Síndic, las aclaraciones que pidió Torra eran dos: qué se entendía por período electoral y qué sucedía en el caso de edificios de la Generalitat gestionados por personal público o funcionario.

El Síndic clarificó que el período electoral abarcaba desde el momento de la convocatoria de los comicios hasta la finalización de la votación, y sobre los funcionarios precisó que, si bien tienen derecho a la libertad de expresión en su puesto de trabajo, la administración puede circunscribirlo a «determinados espacios del interior de la dependencia» para garantizar la coexistencia de este derecho y el de una «administración neutral».