Naiz
Gasteiz

Reclaman que las instituciones dejen de prestigiar y apoyar a la industria armamentística

Diferentes colectivos han presentado este martes en Gasteiz los actos finales de las jornadas «Armas Eusko Label para la guerra», cuyo cierre tuvo que ser suspendido el pasado febrero a causa del mal tiempo.

Comparecencia de los colectivos convocantes, este martes en Gasteiz.
Comparecencia de los colectivos convocantes, este martes en Gasteiz.

Esta misma tarde (19.30), en el Palacio Europa, tendrá lugar una conferencia del activista antimilitarista Arcadi Olivares, bajo el título «Mercaderes de la muerte de la industria militar».  

El broche llegará este sábado, de 11.00 a 15.00, con el mercadillo de productos Eusko Label que se instalará en la Plaza de los Fueros. Habrá también teatro de calle, además de información sobre la industria armamentística vasca.

Los convocantes han remarcado que en Euskal Herria «hay más de un centenar de empresas que dedican parte o toda su producción a fines militares», armas que «se utilizan, por una parte, en las operaciones de guerra de la OTAN, de la UE o de los ‘ejércitos pacificadores’ y, por otra, se exportan a países en conflicto, como Arabia Saudí, Turquía, Israel, Egipto…».

Asimismo, han denunciado «la implicación e hipocresía» de administraciones públicas, instituciones educativas –universidades, centros de formación profesional o centros de investigación–, entidades bancarias y partidos políticos que «alaban, apoyan y prestigian socialmente a los empresarios que invierten e impulsan el sector militar».

Los colectivos han reclamado que se termine con esta postura, ya que la industria militar da «pingües beneficios para unos pocos mercaderes de la muerte» mientras que «tiene fatales consecuencias en las vidas de millones de personas».

«Nuestro derecho al trabajo no puede estar por encima del derecho a la vida y a la libertad de otras personas», remarcan, por lo que demandan «la reconversión de la industria militar vasca en producción para uso civil, atendiendo a criterios éticos, sostenibles y solidarios».

Además, exigen que las instituciones públicas ofrezcan «una acogida real para todas las personas que llegan a nuestras tierras. Si nuestras bombas son responsables de que miles de personas se vean obligadas a desplazarse de forma forzosa, tenemos el deber de construir ciudades y pueblos de acogida».