La muerte en un mismo día de dos exguerrilleros, hechos que se unen a la cadena de ataques que vienen sufriendo excombatientes en proceso de reincorporación así como líderes sociales, ha encendido todas las alarmas en las filas de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), cuyo Consejo Nacional, máxima instancia del partido, se reunió el sábado en Bogotá para analizar la situación.
En una declaración difundida al término de la reunión, ha denunciado que desde la firma de los acuerdos en 2016 han matado a 133 exguerrilleros y 34 familiares, y once están desaparecidos.
«Estos asesinatos sistemáticos constituyen una clara violación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y, por tanto, son responsabilidad del Estado y del Gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos, incluidos los firmantes del acuerdo de paz y los líderes sociales, tal como está consignado en el punto 3.4 del Acuerdo».
Tilda de «inaceptables» las explicaciones del Gobierno y de la Fiscalía General de la Nación. «No se ve un claro compromiso por parte del Estado para garantizar la vida de todos los colombianos y mucho menos la intención de poner en marcha las políticas, los mecanismos y las medidas acordadas para garantizar la no repetición del fenómeno de la violencia política».
Considera también «inaceptable la campaña de estigmatización lanzada contra nuestro partido, sus militantes y dirigentes desde el partido del Gobierno, el Centro Democrático, y el propio presidente, que, de alguna manera, estimula los instintos criminales de quienes aprietan los gatillos».
Ante las próximas elecciones locales y regionales, la FARC pide respaldo a los países garantes de la mesa de conversaciones, Cuba y Noruega, a los expresidentes José Mujica y Felipe González, integrantes del grupo de notables, a la Segunda Misión de la ONU y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dado que «difícilmente nuestro partido tendrá plenas garantías para la participación en dicho proceso electoral».
E invita a todos los sectores de la sociedad a «superar la indiferencia frente al baño de sangre que estamos padeciendo».