La comisión del «caso de los comedores» apunta a los responsables de Educación

Una de las enmiendas incorporadas al dictamen elaborado por EH Bildu acredita la responsabilidad política de las personas que ocuparon la Consejería del Departamento de Educación entre 2003 y 2017.

Ion SALGADO|GASTEIZ|2019/06/25
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Última sesión de la comisión de investigación sobre los comedores escolares. (Endika PORTILLO/FOKU)

La comisión de investigación creada en el Parlamento de Gasteiz para analizar el «Caso de los comedores escolares», por el que varias empresas fueron sancionadas con más de 7 millones de euros por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras cerrar un acuerdo para encarecer el servicio, ha acreditado la responsabilidad política de las personas que ocuparon entre 2003 y 2017 las Dirección de Gestión Económica, la Viceconsejería de Administración y Servicio y la Consejería del Departamento de Educación.

Tal como se recoge en una enmienda presentada por Elkarrekin Podemos al dictamen elaborado por EH Bildu, la comisión les considera «responsables de la inacción pasada de la Administración ante los indicios de concertación y por su falta de respuesta en el presente ante el quebranto patrimonial sufrido por la Administración». En este sentido, se establece que la «práctica colusoria» llevada a cabo por las empresas de catering ha supuesto un «sobrecoste no justificado en la gestión del servicio de comederos de entre 70,8 y 80,2 millones de euros entre los años 2003 y 2015, de los que cuales entre 28,7 y 33,7 millones se habrían quebrantado al Departamento de Educación, y entre 42,1 y 48,5 se habrían detraído a las familias a través de las cuotas de comedor».

Cabe señalar que, en declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de la comisión de investigación, la parlamentaria de EH Bildu Larraitz Ugarte, ha remarcado que no tienen la misma responsabilidad quienes han ostentado responsabilidades en el Departamento de Educación durante la década pasada y quienes han estado al frente del mismo durante las últimas legislaturas, en alusión a la consejera Cristina Uriarte. «Hay una mayor responsabilidad en aquellos gestores que hicieron caso omiso a la denuncia presentada en 2013», ha señalado tras remarcar que, pese a que no se ha podido acreditar la connivencia de las empresas con el Ejecutivo, se ha puesto de manifiesto que este «no ha actuado con la celeridad suficiente».

En la misma línea se ha pronunciado José Ramón Becerra, de Elkarrekin Podemos, que ha anunciado que pedirá al Departamento de Educación que «actúe para recuperar el dinero cobrado de más por las empresas». Asimismo, ha señalado que exigirá «las responsabilidades políticas que correspondan en caso de que el Gobierno mantenga su inacción».

Como ya avanzaron ayer, PNV y PSE han votado en contra del dictamen de la comisión de investigación que, en palabras del jeltzale David Latxaga, ha sido un «teatro». «Las conclusiones estaban escritas de antemano», ha manifestado, y ha aprovechado para denunciar la actitud del PP, que el mes pasado retiró su firma de una enmienda a la totalidad acordada con los partidos que forman el Gobierno autonómico. «El PP, después de dos citas electorales, ve cosas que no veía antes», ha remarcado.