La Abogacía del Estado ha presentado en los juzgados de A Coruña una demanda contra los herederos de Franco por la propiedad del pazo coruñés de Meirás. El escrito reclama la propiedad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio durante la dictadura franquista.

La denuncia contra los herederos del dictador ha sido presentada hoy en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña con el argumento de que la compra del inmueble por parte del dictador en 1941 fue «simulada y fraudulenta», ha explicado el Ministerio de Justicia.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado en una entrevista a RTVE la acción del Ejecutivo en funciones, puesto que los Franco «actuaron contra derecho», por lo que su Ejecutivo buscará recuperar la propiedad del inmueble para que pase a ser un bien público. «Así de claro», ha zanjado.

Escritura desconocida

Argumenta la Abogacía del Estado que un acta notarial de 1938, desconocida hasta ahora, confirma que la propiedad ya era residencia de verano del jefe militar de los golpistas, y detalla que la compra se realizó el 3 de agosto de 1938 por la «Junta pro Pazo del Caudillo» por 406.346 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán.

Se trata de una escritura anterior a la que tres años después, en 1941 y acabada la Guerra del 36, firmó Francisco Franco por un supuesto precio de 85.000 pesetas, una segunda compraventa ficticia que, según la Abogacía del Estado, permitió al dictador inscribir el inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad.

«Tenemos datos suficientes para que vuelva a ser lo que siempre fue, que es patrimonio del Estado», ha dicho sobre el pazo el delegado del Gobierno en Galiza, Javier Losada, que ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la memoria histórica.

Esta demanda responde a la resolución de julio de 2018 aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego, en la que se insta al Estado a ejercitar las acciones legales procedentes para la recuperación del pazo para el patrimonio público.

También la Diputación de A Coruña encargó un informe jurídico sobre la titularidad del pazo que, ha destacado, «ha marcado el camino» para poder recuperar este bien al patrimonio público.

El Ayuntamiento de Sada, municipio coruñés en el que se ubica el inmueble, ha anunciado que se incorporará al proceso civil contra la familia Franco, una decisión que ha invitado a adoptar también a la Xunta de Galicia personándose en la causa.

Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha mostrado dudas acerca de la posibilidad de sumarse a esta iniciativa legal, como le ha pedido también el grupo parlamentario de En Marea, si bien ha expresado su satisfacción por la presentación de la demanda contra la familia Franco. «Seguimos pensando que hay causa para reclamar» que el pazo sea de propiedad pública, ha dicho.

«Ya estamos hartos»

Por su parte, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña se ha congratulado «por fin» de esta decisión, ya que el informe jurídico-histórico elaborado por expertos para la Diputación de A Coruña y otro informe realizado a instancias del Parlamento de Galiza «desmontan» la teoría de la familia Franco de que el pazo fue una donación del pueblo gallego al dictador.

«Ya estamos hartos de los Franco en Meirás. No son bienvenidos. Que se vayan para no volver, y si vuelven que sea pagándose su hotel», ha manifestado.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha ido más allá y además de recuperar el pazo de Meirás, espera que el Gobierno termine con el «expolio» que la familia del dictador llevó a cabo y que se recupere el resto de ese patrimonio, como documentos que conserva la Fundación Francisco Franco en su archivo, tapices, cuadros o muebles.

El pasado junio, un año después de que la Cámara aprobase por unanimidad instar a Madrid a iniciar la demanda civil contra los herederos de Franco, los cuatro grupos que conforman el Parlamento gallego volvieron a pedir al Ejecutivo de Sánchez la recuperación de la titularidad pública del pazo de Meirás y anular los títulos nobiliarios de Ducado de Franco y Señorío de Meirás.

Las Torres de Meirás fueron declaradas BIC con categoría de sitio histórico en 2008, con el Gobierno del bipartito de PSdeG y BNG. Los herederos del dictador recurrieron a la Justicia para intentar paralizar la declaración como edificio protegido y la obligación de que fuese abierto al público.

El Gobierno gallego llegó a formalizar un convenio con la familia Franco con la obligación de abrirlo un mínimo de cuatro días al mes, con un itinerario guiado. A pesar de ello continuaron los incumplimientos de apertura del inmueble por parte de los herederos del dictador, y la Xunta llegó a iniciar un expediente en marzo de 2017 tras constatar que el teléfono habilitado para gestionar las solicitudes de visitas no estaba operativo.