«Nos preocupa hondamente que nos aprestamos a un nuevo debate electoral, sin contar con las garantías democráticas suficientes para nuestra participación abierta», ha dicho la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en la declaración política adoptada tras el Consejo Nacional de los Comunes que se ha celebrado durante el fin de semana.

En concreto, ha mencionado «los estigmas lanzados desde el Gobierno y su partido», el uribista Centro Democrático. La FARC ha clamado contra «la perfidia del Gobierno», por describirla como «una organización que incumple lo firmado y se ocupa en el negocio de las drogas ilícitas».

A ello, ha señalado el partido político, «se suman a la oleada de crímenes contra la militancia» de la FARC, –más de cien desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016–, «además de tener que asumir una campaña sin el marco de las reformas políticas aprobadas» en el acuerdo.

También ha dirigido una crítica a «las organizaciones y los partidos democráticos y progresistas que contribuyeron a movilizar a la nación por la solución política» del conflicto armado y que ahora se niegan a sumar a la FARC a sus coaliciones electorales. «Resulta inconsecuente», ha considerado.

Así las cosas, la FARC ha reiterado su adhesión al acuerdo de paz y ha reivindicado el cumplimiento del mismo, expresando su «optimismo" a este respecto por la intención de la ONU de mantener su Misión de Verificación en Colombia, que se dedica a verificar la aplicación de lo firmado.

Santrich, «autoexcluido»

La FARC ha querido reiterar asimismo su rechazo a la decisión de Jesús Santrich y «de los miembros (de la FARC) que abandonaron sus responsabilidades con el partido y con los Acuerdos de La Habana», y ha incidido en que será analizado por la Comisión de Etica, que será la encargada de decidir sobre su eventual expulsión.

Santrich, exnegociador de paz de las FARC-EP por cuya captura el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos (unos 938.000 dólares), está desaparecido desde el pasado 30 de junio y no ha acudido a la citación de la Corte Suprema de Justicia, que le investiga por presunto narcotráfico, mientras que Iván Márquez, quien fuera «número dos» de la guerrilla y jefe del equipo negociador de la guerrilla en La Habana, está en paradero desconocido desde hace un año y se investiga su posible vuelta a las armas.

El también exlíder de las FARC-EP Rodrigo Granda ha manifestado a los periodistas que «si Santrich ha tomado la decisión de separase del partido es una autoexclusión». Según Granda, la FARC en la que se transformó la antigua guerrilla tras firmar la paz en 2016, no está actualmente «en una política vertical de expulsiones, pero sí hay que demarcar las líneas de lo que es el partido y su proyección».

«Nos deslindamos de las declaraciones y actuaciones de cualquiera de ellos. No representan a nuestro partido», ha sostenido la FARC. «Llegamos a la vida política conscientes del sufrimiento que la larga guerra interna ocasionó al pueblo de Colombia (...) y trabajaremos sin descanso por la reconciliación, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición», ha enfatizado el partido en el que se transformó la antigua guerrilla tras firmar la paz en 2016.