Iñaki IRIONDO

El TEDH falla este jueves sobre la denegación de indemnizaciones a víctimas del BVE y el GAL

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dará a conocer este jueves su fallo sobre el recurso presentado por víctimas del GAL y el BVE contra la decisión del Gobierno español de negarles las indemnizaciones que les corresponden alegando que sus familiares muertos eran «miembros de ETA», pese a no haber ninguna sentencia que lo confirme, solo informes policiales que señalan a algunos de ellos como «persona de ideología abertzale».

El exministro de Interior Jorge Fernánez, en una comparecencia en el Congreso. (J.DANAE/FOKU)
El exministro de Interior Jorge Fernánez, en una comparecencia en el Congreso. (J.DANAE/FOKU)

El Tribunal de Estrasburgo tiene que resolver este jueves sobre los recursos presentados por un primer grupo de víctimas del GAL o BVE, a los que el Gobierno español les reconoció su condición de víctimas del terrorismo pero les denegó indemnizaciones que les corresponde según su opinión, y también según un contundente informe del Instituto Vasco de Criminología.

En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy comenzó a denegar indemnizaciones a víctimas del Batallón Vasco Español, los GAL y de otros grupos paraestatales, alegando que los fallecidos eran «miembros de ETA», lo que en algunos casos no está judicialmente probado y en otros resulta abiertamente falso. Por ejemplo, lo único que consta de una víctima del BVE es que era «persona de ideología abertzale» y, según las noticias de cuando se produjo el atentado, que resultaba «cercano a Herri Batasuna», como la mayoría de los habitantes de Hernani en 1980.

El Ministerio que regía Jorge Ferández alegaba un Convenio Europeo sobre indemnizaciones que recoge que «se podrá reducir o suprimir la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos». Sin embargo, nunca hubo ninguna sentencia que lo confirmara. Solo informes policiales en ocasiones muy vacuos.

Los recurrentes se centran en la conculcación del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos que protege la presunción de inocencia.

Un informe del Instituto Vasco de Criminología, encargado por Lehendakaritza, determinó que este proceder del Ministerio del Interior «resulta claramente contrario a la tutela judicial, al principio de presunción de inocencia y vulnera el principio de legalidad desde su perspectiva procesal, así como la división de poderes en que se fundamenta el mismo». Añadió que la violación de los derechos fundamentales de estas víctimas son de tal gravedad y resultan tan suficientemente demostrados «que podría ser de aplicación el delito de ‘prevaricación administrativa’».

Ni la Audiencia Nacional, primero, ni el Tribunal Constitucional, después, atendieron las reclamaciones de estas víctimas, aunque la vicepresidenta de este tribunal, Adela Asúa, y el magistrado Fernando Valdés firmaron un voto particular recordando que no hay ninguna sentencia que certifique que esas víctimas fueran miembros de ETA y se les pueda negar la indemnización.

El caso fue llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que este jueves hará público su fallo en la demanda presentada por Maria Cristina Larrañaga, Karmele Martínez Agirre y Nagore Otegi Martínez, María Antonia Ibarguren Astiagarraga, Mikel y Xabier Etxaniz Maiztegi, Ignacia Lizarraga Albaburu, Maria Belen Aguilar Pérez y Ugaitz y Aitor Elizaran Aguilar. Todas estas pesonas son parientes de las víctimas o víctimas del GAL y del BVE.

La decisión se conocerá a partir de las diez de la mañana.