El Ministerio español de Justicia ha informado hoy de la decisión de remitir a la Fiscalía las actividades de algunas agencias de vientres de alquiler en un comunicado en el que ha resaltado que la gestación subrogada es una práctica prohibida por la legislación española, y determinadas agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».

En su petición, el Gobierno en funciones también tiene en cuenta la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

En declaraciones a Efe, la titular de Justicia, Dolores Delgado, ha detallado que no se está investigando ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, «no a todas», aunque no ha precisado a cuántas.

Además de lucrarse, ha recalcado Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.

«Muy, muy grave»

«Es un tema muy, muy grave», ha enfatizado la titular de Justicia, quien ha insistido en que en el Estado español la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y ha lamentado que haya agencias que estén «negociando con el vientre de las mujeres» y estén «traficando con menores».

Además, ha recalcado que ya se están investigando a algunas en otros países y ha precisado que en el caso del Estado español las agencias intermediarias operan fundamentalmente en Ucrania, donde se realizan numerosos contratos de vientres de alquiler.

Al estar prohibida, aunque no se sanciona su práctica, las familias recurren a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

Entre 2010 y 2016, según las cifras del Gobierno espalol, se han tramitado un total de 979 inscripciones por vientres de alquiler en los registros consulares del extranjero, aunque la asociación Son Nuestros Hijos eleva esta cifra a mil cada año.

En la actualidad, en el Estado español existen varias agencias españolas que actúan de intermediarias, previo pago, para que ciudadanos con pasaporte español recurran al extranjero para tener un hijo por gestación subrogada.

Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia y Sudáfrica son algunos de los países a los que han acudido con este fin.

Entre 36.000 y 54.000 euros

En declaraciones recientes a Efe, David Monje, responsable de la agencia Go4baby, detalló que el proceso puede durar entre 12 y 18 meses y explicó que su empresa ofrece «paquetes» que parten de los 36.000 euros y van hasta los 54.000, en función de los intentos de transferencia de embriones y de los servicios que se ofrecen a los padres. Se tarda entre 12 y 18 meses desde que se firma el contrato hasta que se tiene al niño.

«Los programas más caros son los cerrados: pase lo que pase durante el proceso –varias transferencias, incluso algún aborto–, se reinicia y no tiene sobrecoste para los padres», señaló.

Ciudadanos es el único partido que defiende la legalización de los vientres de alquiler y el pasado julio registró una nueva proposición de ley en el Congreso de los Diputados de Madrid para regular «el derecho» a la gestación subrogada en el Estado español en la que se contempla que la mujer gestante pueda tener relación de consanguineidad con los futuros padres.

La formación de Albert Rivera propone un modelo «altruista y garantista» en el que la mujer gestante tome la decisión de prestar su cuerpo para el embarazo «con total y absoluta libertad».

A su juicio, la regulación de esta práctica evitaría los problemas que surgen cuando los ciudadanos del Estado viajan a terceros países para acceder a esta práctica, previo pago de las gestiones exigidas por agencias intermediarias.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en el Estado español de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.