Se trata de un edificio que se encuentra en el centro de la ciudad y que lleva unos dos años ocupado, aunque es de propiedad privada. Los propietarios no han pedido que se desalojara, pero en el inmueble se estaban generando «situaciones de inseguridad», lo que estaba provocando quejas vecinales. El pasado 4 de agosto una joven de 18 años denunció haber sido violada en el interior del edificio.

Además, el inmueble tenía problemas de salubridad. Hace un par meses, el Ayuntamiento analizó cómo actuar al respecto y elaboró un informe que presentó a la autoridad judicial con el fin de que les diera orden de desalojo.

El juez dictó la pasada semana una orden para que, cuando el Ayuntamiento donostiarra lo considerara oportuno, procediera al mismo.

Este lunes por la mañana, finalizada Aste Nagusia, se ha procedido al desalojo por parte de la Policía Municipal, con la ayuda de la Ertzaintza. Por su parte, también se han trasladado al lugar varias agentes de la Policía española para realizar labores de extranjería.

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha explicado que el Ayuntamiento procederá a «desinfectar, limpiar y dejar en condiciones higiénicas óptimas» el edificio de la calle Moraza que ha sido desalojado este lunes por orden judicial, y después llevará a cabo el «sellado» del inmueble para, según ha dicho, «evitar que se vuelvan a reproducir las situaciones que hemos vivido».

Por su parte, SOS Racismo ha criticado en un comunicado que «la única mirada que las instituciones dedican» a este inmueble, ubicado en la calle Moraza de la ciudad, sea el del «carácter ilegal» de su ocupación sin realizar ninguna consideración sobre las «necesidades básicas» de sus moradores y sin aportar alternativas para los desalojados.

SOS Racismo ha exigido a las instituciones «políticas de apoyo» para los «sectores más vulnerables, autóctonos e inmigrantes y, en particular, para quienes no disponen de un techo bajo el que cobijarse» como las 32 personas desalojadas este lunes.