Este convenio tiene como objeto establecer un protocolo de actuación ante casos de desahucios derivados de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por falta de pago de la renta. En estos casos la autoridad judicial comunicará la situación a los departamentos competentes del Gobierno para que éstos lo trasladen al organismo competente y se incluya a las personas afectadas en los programas de mediación en materia de vivienda, concesión de ayudas de emergencia o acceso a vivienda social, gestionados por la Administración local, según señala el Ejecutivo.

La acuerdo aprobado incluye la adenda para adaptar el convenio a los últimos cambios legislativos en materia de protección de datos personales y a la normativa al régimen de prórroga, naturaleza y régimen jurídico de los convenios. Establece además la prórroga por un periodo de cuatro años adicionales, extendiéndose dicho plazo hasta el 22 de septiembre de 2023. El convenio prorrogado hoy fue aprobado por el Gobierno de Nafarroa el 29 de junio de 2016 y suscrito en septiembre de ese mismo año.

Desde la entrada en vigor del convenio en Nafarroa se han atendido un total un total de 65 casos de vulnerabilidad: 4 en 2017, 15 en 2018 y hasta la fecha, 46 casos en 2019. Cabe destacar que desde abril del 2019 también se revisan los casos por impagos en la renta de alquiler.

La adenda de modificación y prórroga al convenio se suscribirá por el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos Pablo Azcona.