Maite Ubiria
BAIONA

Las defensas de los detenidos durante el G7 denuncian múltiples irregularidades

Ocho horas de comparecencia judicial para juzgar hechos menores, ninguno de ellos compatible con el uso de violencia o la perturbación grave del orden público. Los abogados de las diecisiete personas comvocadas en el Tribunal de Baiona en relación al G7 expusieron una variada gama de irregularidades que les llevaron a encadenar peticiones de nulidad y exculpación.

Entrada de encausados y público en el tribunal.
Entrada de encausados y público en el tribunal.

Detenciones que no se comunican durante horas, dificultades para contactar con el abogado de confianza, fichaje injustificado de ADN, documentos de detención con acusaciones genéricas o contradictorias, vulneración de los derechos de confidencialidad y ataques a la dignidad de la persona detenida… Son algunas de las irregularidades referidas el viernes por la tarde ante el tribunal por los abogados de detenidos en el marco del G7 de Biarritz.

No todos los citados acudieron a la cita con el tribunal, y algunos de ellos han optado por ceder su representación a un letrado.

En todo caso, se juzgaba a diecisiete personas acusadas de tomar parte  o simplemente estar en lugares como Hendaia y Urruña en que se desarrollaron protestas contra el G7.

En algunos casos, las detenciones se produjeron fuera de lugares de manifestación, en controles. Es el caso de un joven que fue interceptado, según su abogada, «en una calle situada fuera de un perímetro de seguridad» cuando se negó a que le controlaran el equipaje. El registro irregular de sus pertenencias le ha llevado a sentarse en el banquillo.

Ante el «vacío» del dosier, la procuradora debió sumarse a la petición de absolución en ese, y hasta en otros cinco casos. Toda una demostración de que los enormes medios desplegados el G7 llevaron a practicar detencions y a abrir procedimientos penales bastante difíciles de entender.

Durante las comparecencias, el Ministerio Fiscal se vió obligado a insistir, una y otra vez, en el «contexto excepcional» en que se produjeron los arrestos y en más de una ocasión llegó a atribuir los múltiples fallos en los documentos policiales en que se basan los procedimientos «por razón del gran número de detenciones» producidas entre el 23 y el 26 de agosto.

La nueva ley que castiga que se acuda a manfestaciones con el rostro cubierto se convertía, por otra parte, en la gran aliada de la procuradora, que se acogió a esta infracción en varias ocasiones, para dotar de mayor gravedad a los comportamientos atribuidos a los detenidos.

Media docena de togados se han sucedido durante la larga sesión judicial -entre las 14.00 y las 22.00- de este viernes en el estrado para exponer las más variadas irregularidades de procedimiento y rebatir los datos aportados por la Policía, remarcando fallas graves como la tardía comunicación de la detención, los obstáculos a la comunicación de los detenidos con sus abogados o la vulneración del principio de confidencialidad.

Particularmente lacerante ha sido la descripción sobre las condiciones de detención en el CRA de Hendaia.

Ha habido denuncias graves sobre el trato recibido allí por algunos detenidos, como en el caso de un hombre de 55 años, que ha declarado hoy ante este tribunal, y cuya imagen arrodillado y maniatado, precisamente en el centro de retención de Hendaia, llegó a ser difundida por una cadena de televisión gala, «haciendo saltar por los aires el derecho a la defensa», ha expresado su abogado.

Denuncias de trato incorrecto

El relato del abogado, dando eco a la denuncia del detenido de que un policía rompió sus gafas (lo que hizo que pasara todo el periodo de detención sin poder ver «ni los papeles que se le presentaban para firmar»), ha sido acogido con protestas por el público presente en la sala.

Una joven ha detallado igualmente la violencia de su detención, afirmando que fue insultada por policías y que no tuvo un trato correcto. La presidenta del tribunal ha rebatido su testimonio diciéndole que fue examinada por un médico y recordándole su «trayectoria militante, en el curso de la cual usted ha sido detenida en varias ocasiones».

Fichajes de ADN

En el caso de un chico madrileño y también en el de una joven de Bilbo, los abogados han constatado además que se les obligó a realizar prueba de ADN, con lo que «sin tener antecedentes ahora han quedado fichados en Francia».

Por lo que afecta a la petición fiscal, la procuradora ha planteado penas inferiores a un año de prisión –la petición más alta ha sido de 8 meses de cárcel, 4 exentos de cumplimiento, en el caso del primer compareciente, un baionarra que se encuentra actualmente en prisión– y ha solicitado en la mayoría de los casos multas inferiores a 500 euros.

Los abogados han solicitado la nulidad, por motivos de forma, y la absolución, por razones de fondo, remarcando que sus detenidos nunca debieron verse obligados a comparecer ante un tribunal ante «la falta de pruebas que acompañan a los atestados policiales».

La presidenta del tribunal ha citado a los encausados para la lectura de sentencia, que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre.

Se espera que de aquí a fin de año varias decenas más de personas detenidas durante el G7 comparezcan en el Tribunal de Baiona. Seis de ellas lo harán ya la próxima semana.

Solidaridad ante el tribunal

Antes del inicio de los juicios de hoy, decenas de personas -muchas de ellas presentes en la sala- han tomado parte en una concentración a las puertas del tribunal para denunciar estos procesos. Antes de ha celebrado una comida de solidaridad.

Hasta ese acto se han acercado representantes del sindicato LAB y de EH Bai, que, tras denunciar la ocupación policial vivida en Euskal Herria a finales de agosto, han exigido el sobreseimiento de las causas abiertas en relación a las protestas contra el G7.