LAB, central que, junto a CCOO, no asistió en agosto a la reunión del pleno del Consejo Vasco de Servicios Sociales que aprobó el decreto con 20 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, considera que este texto «únicamente sirve para profundizar en la precariedad de las condiciones laborales y de vida de las trabajadoras de las residencias».

Mantiene que también «colisiona con los derechos de las personas usuarias y de las personas trabajadoras y responde más a criterios economicistas y de calendario legislativo que a criterios dirigidos a garantizar la calidad en la asistencia».

Asegura que el decreto «va a continuar generando conflicto entre quienes tienen la obligación de garantizar los derechos fijados en la ley de servicios sociales y las personas usuarias y profesionales de los mismos».